Este 4 de enero se conmemora el 85 aniversario de la fundación del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP).

Hoy es el momento para hacer un recuento de las agresiones que el gremio ha sufrido por parte del gobierno en el sexenio de la muerte de Carlos Zeferino Torreblanca Galindo.

 

Es verdad que la violencia se ha generalizado en contra de los periodistas del mundo, a grado tal que en el 2010 fueron ejecutados 99 comunicadores, de los cuales 14 han sido en México.

Pero en Guerrero durante este régimen de violencia, 12 profesionales de la comunicación han perdido la vida de manera violenta y dos permanecen en calidad de desaparecidos.

Entre los ejecutados se pueden contar a Rafael Villafuerte Aguilar, de Ciudad Altamirano; Misael Tamayo Hernández, de Zihuatanejo; Amado Ramírez Dillanes, de Acapulco; Juan Daniel Martínez Gil, de Acapulco; Jean Paul Ibarra, de Iguala; Evaristo Pacheco Solís, de Chilpancingo; Roberto Herrera, de Acapulco; Alfredo Lobato Castro, de Acapulco; Jorge Ochoa Martínez, de Ayutla; Juan Francisco Rodríguez Ríos y su esposa María Elvira Hernández Galeana, de Coyuca de Benítez y Juan Carlos Hernández, de Taxco.

Los desaparecidos son Erik Isaac Molina García, de Acapulco y Emmanuel Reyes Chávez, de Zihuatanejo, así también se deben destacar las brutales golpizas que recibieron Alfredo Barrera Ríos y Luis Abraham Martínez Huerta, ambos de éste puerto.

Mención aparte cabe señalar que la fobia de Torreblanca Galindo contra los medios de comunicación alcanzó al director del periódico El Sur, Juan Angulo Osorio, al ser detenido de manera arbitraria y se  violentaron sus garantías constitucionales porque al momento de su detención contaba con un amparo federal, además dicha empresa periodística fue atacada a balazos por presuntos desconocidos.

El recuento sangriento de los daños contra el gremio periodístico nos permite saber que el resentido social, Zeferino Torreblanca, dejará el cargo en la más oscura impunidad, al parecer por su complicidad con los grupos criminales y su indolencia contra un pueblo que confió en sus propuestas de que “Guerrero sería mejor”.

Es decir, el contador Zeferino Torreblanca deja un saldo –como lo señala el Centro de los Derechos Humanos Tlachinollan- que causó graves daños a la población mayoritariamente pobre del estado, al incumplir con los objetivos, las estrategias y las líneas de acción planteadas pomposamente en su Plan Estatal de Desarrollo 2005-2011.

         Ni sus adversarios y amigos políticos se salvaron de su indolencia, ya que no ha esclarecido los homicidios de su amigo el periodista Amado Ramírez Dillanes, lo mismo que su ex compañero de escuela, el diputado panista Jorge Bajos Valverde, ni de su ex contrincante por la candidatura a gobernador, el perredista Armando Cavaría Barrera.

         El gobernador hace alarde de que su administración construyó más infraestructura carretera que ningún otro, y hasta se da el lujo de retar a su sucesor a que lo supere.