No se puede hablar de una verdadera seguridad para los ciudadanos si no existe un sistema de justicia transparente y eficiente y si no se derrota antes a la impunidad, sostuvo el candidato a diputado federal plurinominal por el Partido Acción Nacional, Marcos Efrén Parra Gómez.

 

En ese sentido, el abanderado del blanquiazul se pronunció por una reforma constitucional en materia de justicia que garantice los juicios orales, atienda a las víctimas y fortalezca los Ministerios Públicos.

En congruencia con los postulados de la candidata panista a la presidencia de la república, Josefina Vázquez Mota, Marcos Parra consideró que justicia y seguridad forman un binomio inseparable, de ahí la necesidad de impulsar medidas que permitan no sólo que el nuevo sistema de justicia se cumpla en todo el país, sino que se fortalezca y profundice, pues dijo que esta reforma es tan importante que no puede continuar postergándose.

El candidato se manifestó a favor de la expedición de un nuevo Código Federal de Procedimientos Penales que implemente el sistema acusatorio, que garantice, entre otras cosas, un verdadero juicio de forma oral, pública, transparente y expedita, así como la presunción de inocencia, de manera que la autoridad esté obligada a probar la responsabilidad del acusado.

Asimismo, que observe mayores garantías a las víctimas del delito y certeza jurídica al imputado, además de que privilegie la justicia alternativa, evitando que delitos de bajo impacto no lleguen al proceso, y se garantice el pago de la reparación del daño a la víctima.

También que prevea que los ministerios públicos no tengan derechos por encima de las víctimas y acusados, ni facultades para escoger qué pruebas se integren al juicio, y sobre todo que éstas no tengan valor pleno ante el juez.

Dijo que ello debe ir aparejado con una profunda modificación al sistema penitenciario, a fin de que las personas que cumplan una condena sean reinsertadas a la vida social y productiva con irrestricto apego a la ley.

Finalmente, hizo suyo el compromiso de impulsar la creación de una defensoría pública autónoma en la que impere la honestidad y profesionalismo, con una capacitación constante a los defensores, a fin de que sean altamente competitivos en relación al Ministerio Público, los jueces y policías investigadores, para generar un sano equilibrio y ya no existan más presuntos culpables en México.