La procuraduría General de la Republica (PGR), obtuvo del juez 1 de distrito con sede en Guerrero, 10 ordenes de aprehensión por diversos delitos federales contra distintas personas, entre ellos el ex procurador de justicia Alberto López Rosas, por el caso de los estudiantes asesinados de la normal rural de Ayotzinapa. La PGR detallo que las ordenes de aprehensión fueron giradas también contra un civil, un subprocurador, un director general, un fiscal, tres ministerios públicos, un auxiliar de ministerio publico y otro servidor publico.
Mediante un comunicado de prensa, la PGR informo que al ex titular de la procuraduría de justicia de Guerrero, se le señala por encubrimiento en la hipótesis de desviar u obstaculizar la investigación de un hecho delictivo.
Además se le imputan al igual que a los otros servidores públicos y ex servidores públicos implicados, delitos contra la administración de la justicia, al favorecer que un inculpado se sustraiga de la acción de la justicia.
En cuanto al civil, la PGR indico que se le señala por los delitos de falsedad en informes dados a una autoridad y por simulación de pruebas.
Las investigaciones por lo ocurrido el 12 de diciembre en donde murieron dos estudiantes de la escuela normal rural de Ayotzinapa, están contenidos en 48 tomos y comprenden actuaciones ministeriales y peritajes en áreas como medicina forense, criminalística de campo e incendios y explosiones, entre otros.
Además se han realizado 215 pruebas testimoniales e investigaciones a cargo de la Policía Federal Ministerial y 280 declaraciones relacionadas con este caso.
De esta manera, el agente del Ministerio Publico Federal, acredito la comisión de delitos federales y locales, y remitió a la Procuraduría estatal el expediente para que se consigne por los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa.
También por los delitos de encubrimiento, por favorecimiento, falsedad de declaraciones ante una autoridad, contra la administración de la justicia, privación ilegal de la libertad, robo de vehículo y objetos, lesiones, daño en propiedad ajena y abuso de autoridad, contra quien o quienes resulten responsables.
En tanto, la PGR continua investigando, entre otros delitos de competencia federal, el de portación de cartuchos y de arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas, abuso de autoridad y tortura, también contra quien o quienes resulten responsables "sin distingo del orden de gobierno al que pertenezca" concluye el boletín de prensa.