En su origen, en el siglo XIX, Luigi Taparelli le imprimió un sentido conservador pues lo contrastó con la teoría del contrato social.  Para controvertir los principios contractuales de la sociedad, basados en la igualdad, el jesuita explicaba que la desigualdad entre los seres humanos era lo natural y que la justicia social permitiría compensarla. La idea de justicia social ha conducido a complementar el principio de igualdad con el de equidad. De esta manera la base contractual de la sociedad, que representa un constructo indispensable para el desarrollo de la soberanía popular y por ende de la democracia, he encontrado nuevos argumentos.

Los Estados constitucionales contemporáneos, en cambio, han procedido de una manera más acorde con las motivaciones y con los objetivos iniciales del constitucionalismo. Al advertir que la formación de elites en el poder y que la acumulación de riqueza son inevitables en estructuras jurídicas basadas en la libertad, se optó por reconocer ambos fenómenos y tratar de racionalizarlos. La racionalización de las elites del poder político se ha producido a través de las instituciones de responsabilidad política.  En todos los sistemas se produce el fenómeno identificado por Gaetano Mosca, Roberto Michels y Vilfredo Pareto, entre otros; pero muchos de los efectos más perniciosos del elitismo se han atenuado en los Estados constitucionales mediante instrumentos de responsabilidad política.

La injusticia social en México es dolorosa. Conforme a las cifras oficiales en 2008 el 44% de los mexicanos vivía en condiciones de pobreza,  lo que significa que no eran trabajadores o que padecían una explotación extrema.  Si ese porcentaje se combina con otro 44% de la población que corresponde a la económicamente activa, o sea la que dispone de ingresos iguales o superiores al salario mínimo y que presumiblemente no debe sufrir pobreza (pero que de acuerdo con el reporte de la Freedom House si padece condiciones de injusticia e inequidad), es posible concluir que, a bulto, alrededor del 80% de los mexicanos vive por debajo de lo razonable conforme a los estándares internacionales de justicia social.  Además, según muestran las cifras de CONEVAL, la pobreza afecta sobre todo a mujeres, menores, ancianos e indígenas

La importancia trascendental en cuanto a los dineros públicos bien utilizados en forma eficaz y eficiente que permita una mejor desarrollo integral de las poblaciones: LEY REGLAMENTARIA EN MATERIA DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS: “Artículo segundo transitorio constitucional (reformas constitucionales 26 de marzo del 2015) .la ley reglamentaria  en materia de responsabilidad hacendaria aplicada a todas las entidades federativas y a los municipios  que deberá aplicarse en términos de la fracción  XXIX –W DEL ART 73.asi como las reformas necesarias para cumplir lo previsto en este decreto.  TIEMPO DE LA VIOLACIÓN: 25 DE AGOSTO DE 2015. LA CÁMARA DE DIPUTADOS TENÍA UN PLAZO DE 90 DÍAS PARA EXPEDIR LA LEY REGLAMENTARIA RESPECTIVA. LEGISLATURAS RESPONSABLES: LXII (2012 – 2015), LXIII (2015-2018)”violo metro constitucional  por CIDE.  A la creciente movilidad  de  las formas de obtener recursos  en los niveles de gobierno  y sujetarse a las acciones de política económica y sobre todo a las acciones de adquirir  deuda pública ,de acuerdo a  su capacidad  hacendaria  y  una  es la regla común de solicitar   créditos que no sobrepasen el 40%   de  su presupuesto ,a la automación de los congresos  locales o el federal  ,hoy en boga sobre la adquisición de deuda  en base de bonos de educación. 

siguen prevaleciendo las grandes líneas del neoliberalismo conforme a las cuales el mercado deben actuar con la mayor libertad posible, es evidente que en Estados Unidos y en algunos países asiáticos, europeos y latinoamericanos ha comenzado el debate para enjuiciar los errores que condujeron a esa situación y que mantienen una amenaza latente  recaída. 

Por ahora lo que me interesa subrayar es que en un Estado constitucional las definiciones en materia monetaria y fiscal involucran a los congresos. La independencia técnica de los bancos centrales no implica que los representantes políticos sean testigos distantes de lo que determinen los expertos. No hay posibilidad de adoptar políticas sociales sin la participación de los representantes políticos. En un Estado constitucional el control y el seguimiento en cuanto a los efectos de estas políticas también están sujetos los órganos de representación.

En México se construyó la autonomía técnica del banco central cuando el Congreso estaba dominado por un partido hegemónico y por lo mismo se generaron patrones de relación entre ambas instituciones ajenas a la vida de un Estado constitucional. La esencia de la representación política reside en la capacidad de los electores para influir en las decisiones del poder. La elite burocrática  y sus violaciones  fundamentales: El Banco de México toma decisiones de las que el Congreso y la sociedad sólo tienen conocimiento cuando ya son hechos consumados y la presencia de su gobernador en el Congreso suele ser muy esporádica y con un enfoque protocolario.

El precio del dinero era para Keynes otro factor central en cuanto a la distribución de la riqueza y la generación de empleo. En su Teoría General Keynes demostró que los tipos de interés están relacionados con la acumulación de capital y que el encarecimiento del dinero propicia su acumulación. Este es un aspecto en el que los representantes políticos tampoco tienen opinión en el sistema constitucional mexicano. Las decisiones crípticas de los funcionarios han convertido la autonomía técnica de las autoridades financieras en una facultad suprema para definir la política social. La tendencia a flexibilizar los contratos de trabajo implica un factor de incertidumbre que genera injustica en las relaciones sociales, además de efectos nocivos para la economía. 

El economista Joseph Stiglitz, Amartya Sen y Jean-Paul Fitoussi  demuestra que la sola medición del producto nacional bruto no ofrece indicios suficientes para evaluar la calidad de la vida de las personas y de las comunidades nacionales. En especial observan que la inseguridad laboral que resulta del trabajo precario tiene consecuencias adversas para la salud física y mental de los trabajadores y de sus familiares, y afecta asimismo a las corporaciones por la falta de motivación para los trabajadores, por la disminución de la productividad y por la pérdida de identidad de los empleados con la empresa. Puede agregarse que este tipo de relaciones de trabajo perjudica en su conjunto a la sociedad porque genera nuevas formas de estratificación. Tutelar los derechos de los más poderosos a expensas de los más débiles. Instituir compromisos sociales a cargo del Estado, más allá de los acciones de filantropía pública, sin remediar el esquema tributario constitucional es, en el mejor de los casos, una ilusión. La fracción IV del artículo 31 constitucional tiene la estructura normativa de un trampantojo: se ofrece la impresión de una norma de garantía cuando en realidad esconde una limitación para el Estado en materia fiscal. 

El ocultamiento de privilegios que esa norma supone, se hace pender la responsabilidad de las deficiencias del sistema tributario en los causantes menores, a quienes paradójicamente se pretende imponer mayores cargas fiscales. Es necesario que en México desarrollemos indicadores para medir la efectividad de la legislación y que apliquemos nuevos instrumentos para mensurar el bienestar. Remediar los desvíos a los que se ha llegado en perjuicio de los intereses y de los derechos sociales y también evitar una recaída en el autoritarismo burocrático. La racionalización del poder en una democracia imperfecta montada en elites que no representan a la población: La responsabilidad pública consiste en remediar las deformaciones institucionales que están en el origen de la pobreza, de la violencia, de la arbitrariedad y de la corrupción. 

http://www.juridicas.unam.mx/vjv/activ.htm?e=788&t=8