DOCUMENTOS DE INTELIGENCIA SOBRE MOVIMIENTOS POLÍTICOS EN GUERRERO Ligan a líder de la CETEG con promotores de EPR, APPO y movimiento bolivariano de Venezuela.

De acuerdo con informes de inteligencia del Estado mexicano (documentos de los gobiernos federal y de Guerrero), a los cuales tuvo acceso MILENIO, los grupos sociales que durante 2013 estuvieron muy activos en esa entidad (como el movimiento magisterial y las policías comunitarias) fueron asesorados y penetrados por grupos guerrilleros o por miembros de diversos grupos insurgentes que operan en la entidad. Y no solo eso: pueden estarse armando (algunos con fusiles tipo AK-47) para, de considerarlo necesario, seguir sus luchas por la vía armada.

Marcados con la leyenda “CONFIDENCIAL”, los formatos y redacciones de los diagnósticos de estos casos se asemejan a los que elaboraban los cuerpos de seguridad política del régimen priista en los años 60 y 70 del siglo pasado, cuando se utilizaban para descalificar o perseguir a los opositores de izquierda, a quienes etiquetaban de “comunistas” y “subversivos”, aunque no lo fueran.

De entrada los informes analizan las actividades que durante los primeros meses del año pasado llevaron a cabo los maestros guerrerenses en la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), el papel de algunos de sus líderes más visibles y quienes los asesoran.

Por ejemplo, Minervino Morán Hernández, vocero de la agrupación de profesores, es catalogado como líder del “sector duro o ultra radical (sic)” de la CETEG.

De él se asienta que es “activista” del Partido Comunista de México Marxista-Leninista (PCMML), que es asesorado por Omar Garibay Guerra, quien es miembro de la dirección nacional del PCMML y promotor del llamado Frente Amplio por la Construcción del Movimiento de Liberación Nacional (FAC-MLN) —que “sirvió de brazo político del Ejército Popular Revolucionario (EPR)”—, del Frente Popular Revolucionario (FPR) y de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).

Minervino Morán, según estos expedientes, también es asesorado por Bertoldo Martínez Cruz, personaje identificado como un hombre de “marcada ideología marxista-leninista”, “preparador de la lucha armada del EPR en Guerrero” y “enlace principal entre el movimiento subversivo estatal y el nacional”.

Martínez Cruz es actualmente presidente de la organización civil Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), se asienta en uno de los documentos, en el cual se afirma que trabaja “exclusivamente a favor de personas y familias vinculadas con células de otro grupo guerrillero escindido del EPR, el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI)”, en las zonas donde éste tiene presencia, como “las sierras de Coyuca de Catalán y Petatlán”, así como “en las zonas indígenas de la Costa Chica y La Montaña”. Martínez Cruz también formó parte de las direcciones estatal y nacional del ERPI, se afirma.

A él se le une en el documento el nombre de Raymundo Sánchez Taboada, también del CCTI. A ambos se les ubica “de manera escurridiza” en Oaxaca, Chiapas, Michoacán, Estado de México y Distrito Federal, “donde hacen contacto con otros activistas del movimiento subversivo nacional e internacional”, en especial con el “bolivariano” de Venezuela.

Uno de los expedientes dentro de los documentos tiene un subtítulo elocuente: “LIGAS SUBVERSIVAS EN EL MPG”.

Se refiere al Movimiento Popular de Guerrero (MPG), el cual surgió a principios de 2013 por la suma de fuerzas de los maestros y los normalistas, como fue el caso de la Normal de Ayotzinapa, que protestaba junto con la CETEG contra la reforma educativa en la carretera de Chilpancingo hacia Acapulco, de donde sus miembros fueron desalojados por la Policía Federal.

En ese apartado, el de los supuestos nexos subversivos, se afirma que el MPG se concentró, en una segunda etapa de sus actividades, en sitios en los cuales existen “células armadas subversivas diseminadas en puntos estratégicos y localidades donde tienen presencia e influencia las policías comunitarias afines a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC)”. Y fue en esas áreas de influencia guerrillera, se asienta, donde el MPG “concentra bastiones sociales de mayor apoyo”.

La conjunción de esfuerzos entre los maestros de la CETEG y las policías comunitarias de la CRAC se originó por el trabajo de otro hombre que también es analizado minuciosamente, Eliseo Villar Castillo, coordinador de la Casa de la Justicia en San Luis Acatlán.

De él se afirma que tiene “preparación política e ideológica recibida por cuadros del ERPI” en la Costa Chica. Villar Castillo y el asesor jurídico de la CRAC, Valentín Hernández Chapa, así como otro sujeto a quien se identifica como David Bracamontes Chona, se han dedicado, según se afirma, a crear policías comunitarias en 23 poblados de cuatro municipios: Ometepec, Cuajinicuilapa, Xochistlahuaca y Tlacoachistlahuaca.

Otro líder de la CRAC, organizador de 10 grupos de policías comunitarias en sendos poblados del municipio de Ayutla, es Arturo Campos Herrera, de quien se afirma que es “promotor del ERPI desde 1998”. También se menciona a Gonzalo Molina González como reclutador de policías comunitarias en cuatro localidades de Tixtla. De él se asienta que también es “promotor del ERPI” en dicho municipio.

La estrategia final, a decir de quienes redactaron los diagnósticos, es “dar la apariencia” de que tanto los maestros como los normalistas y las policías comunitarias “tienen el poder de las armas” para, de ser necesario, continuar sus luchas por esa vía, una vez que han sido asesorados por guerrilleros, ex guerrilleros o cuadros políticos de las guerrillas.

“Cabe citar que por fuentes de inteligencia se sabe que en puntos estratégicos se están diseminando células armadas del ERPI en el corredor del cuadrilátero de la subversión (sic) entre la Costa Chica-Montaña, zona de mayor presencia de la CRAC, donde han estado recibiendo fusiles AK-47”.

En el expediente se cita un caso, el de la Casa de Justicia en El Paraíso, municipio de Ayutla, donde uno de sus coordinadores es “el erpista Bernardino García Francisco, sobreviviente de los hechos de El Charco en 1988”.

El 7 de junio de 1998 tropas del Ejército protagonizaron un  enfrentamiento con erpistas en la comunidad de El Charco, en Ayutla. En la escuela primaria del lugar pernoctaban tanto guerrilleros como civiles desarmados y las balas alcanzaron a ambos grupos. El saldo fue de 11 muertos, cinco heridos y 22 detenidos.

MÁS INVOLUCRADOS

Una organización adicional señalada como parte del MPG y que puede tener tendencias insurgentes, es el Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco), cuyo director, Francisco Monroy Hernández, es identificado como “parte de la estructura del ERPI en Guerrero”, encargado “de la célula en Chilpancingo”.

A él lo une “un vínculo subversivo muy marcado” con Manuel Olivares Hernández, quien a decir de quienes realizaron los análisis, formaba parte del EPR en 2006 cuando pasó a la clandestinidad para “reaparecer posteriormente como defensor de los derechos humanos en Chilapa”, en calidad de coordinador estatal de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos.

Se le etiqueta como “de marcada ideología marxista-leninista”, ex militante del Partido Revolucionario Obrero Clandestino Unión del Pueblo (PROCUP, grupo guerrillero en los años 70).

El diagnóstico menciona a varios activistas más con aparentes vínculos guerrilleros y “notable poder de dirección” en la CRAC, como el ya mencionado Gonzalo Molina González, “erpista” de Tixtla, tutor de Pastor Coctecón Plateado, comandante de la policía de Acatempa.

Finalmente, en los documentos se hace un balance de la cantidad de policías comunitarias armadas afines a la CRAC. Tienen presencia en al menos 14 municipios, en 86 comunidades, y cuentan con más de 800 elementos armados con escopetas, rifles y pistolas de bajo calibre, salvo algunos elementos que ya cuentan con fusiles de alto poder.

Las policías comunitarias cercanas a la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) tienen presencia en nueve municipios, 166 localidades, y cuentan con 3 mil elementos armados.

Cabe mencionar que MILENIO no pudo revisar las 18 hojas finales de uno de los documentos, ya que, por razones de “seguridad del Estado”, fueron extraídas. Sin embargo, fue posible constatar que en algunos casos se trataba de fotografías de activistas armados y vestidos con ropas bélicas, otras de síntesis de expedientes ministeriales, unas más de fotos de comandantes guerrilleros vivos y muertos, y finalmente carpetas de supuestas relaciones estrechas entre guerrilleros activos, ex guerrilleros y activistas.

Otros asesinados, aprehendidos y exiliados...

De todos los nombres mencionados en dos expedientes, uno elaborado en abril de 2013 y otro en mayo del mismo año, cuatro activistas fueron asesinados:

Arturo Hernández Cardona, de la Unidad Popular de Iguala, ultimado a balazos el 31 de mayo.

Raymundo Velázquez Flores, dirigente de la Liga Agraria Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata (LARSEZ), organización fundada por el difunto guerrillero Genaro Vázquez, ejecutado a balazos el 6 de agosto.

Rocío Mesino Mesino, dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), asesinada a tiros el 19 de octubre.

José Luis Olivares Enríquez, dirigente de la Organización Popular de Productores de la Costa Grande (OPPCG), ultimado a tiros el 10 de noviembre pasado.

De los nombres mencionados en los mismos informes, cuatro han sido detenidos:

Gonzalo Molina González, coordinador de la Casa de Justicia de El Paraíso, Tixtla, parte de la CRAC, detenido el 6 de noviembre pasado, acusado de secuestro, portación de armas de uso exclusivo del Ejército y terrorismo.

Bernardino García Francisco, coordinador de Autoridades Comunitarias de la Casa de Justicia de El Paraíso, de la CRAC, en Ayutla de Los Libres, detenido el 21 de agosto y acusado de secuestro.

Arturo Campos Herrera, líder indígena na'ssavi (mixteco), uno de los principales artífices de las policías comun itarias en Guerrero, pues desde la Casa de Justicia de El Paraíso llevó los grupos de apoyo de la Policía Comunitaria hacia Tixtla, Olinalá, Huamuxtitlán, Cualac y Atlixtac. También es coordinador de la CRAC en Ayutla; fue detenido por secuestro agravado el 1 de diciembre pasado.

Arturo Campos Hernández, dirigente de la CRAC en la comunidad de El Paraíso, municipio de Ayutla, detenido también el 1 de diciembre, acusado por el delito de secuestro agravado.

Además de los cuatro dirigentes ejecutados y citados en los informes, el Movimiento Popular de Guerrero (MPG) ha denunciado el asesinato de otros 10 miembros. Además de la detención de los cuatro dirigentes mencionados en los documentos, el MPG ha denunciado la detención de otros nueve de sus activistas.

Otro mencionado es Vidulfo Rosales Sierra, defensor de derechos humanos, abandonó el país en mayo pasado por "falta de garantías para desarrollar su trabajo en condiciones de seguridad", según el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

También citado, Cirino Plácido Valero, presidente del comisariado ejidal del ejido de Buena Vista y fundador de la CRAC, ha denunciado "amenazas de muerte", aunque ha tenido pleitos con dirigencia de esa organización.

Claves

Otro grupo armado

-El pasado 2 de diciembre hizo su aparición pública en las montañas de Guerrero el grupo autodenominado Fuerzas Armadas Revolucionarias Liberación del Pueblo (FARP-LP).

-Ante un grupo de reporteros de medios nacionales e internacionales, que fueron trasladados  durante cuatro horas hasta la sierra guerrerense, una veintena de hombres embozados con capuchas, paliacates y pasamontañas leyeron un comunicado.

-En el mensaje, integrantes de las FARP-LP exigían la liberación de líderes de la CRAC y el esclarecimiento de asesinatos de distintos dirigentes sociales.