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Muchas leyes buscan proteger a los periodistas en México, pero ninguna parece ser suficiente. Durango es el último estado que intenta discutir una nueva legislación.

Dice ‘un decir’ que Durango es tierra de nadie, donde crece la corrupción como hiedra y la criminalidad acampa en calles y esquinas. Donde las aguas están turbias y mojan a policías, abriéndose una bocanada de silencio por las amenazas a periodistas y comunicadores.

El tumor en Durango tiene nombre y lleva las señas del crimen organizado. “En muchos estados de la República mexicana, especialmente en el norte, estamos viviendo una situación de ingobernabilidad, donde se le ha cedido a bandas del crimen organizado el monopolio de la fuerza. Se han desentendido de poder generar una condición de seguridad pública en sus estados”, dice de forma contundente Rodolfo García Guerrero, legislador en Durango del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Pocas horas atrás, García Guerrero presentó la Ley de Protección del Ejercicio Periodístico. Lo hizo ante el Congreso de Durango, un estado que está viviendo sus horas más negras en lo que respecta a las amenazas y “levantones” de periodistas.

“La iniciativa responde a las condiciones en que actualmente se está viviendo en Durango. Un entorno de inseguridad padecido en los últimos años, hechos lamentables para toda la ciudadanía. Una de las profesiones más peligrosas para ejercer es el periodismo”, dice García Guerrero.

“La situación de los periodistas en México es realmente lamentable. Por eso hemos presentado una iniciativa que busca salvaguardar las fuentes de los profesionales del periodismo, protegiendo su secrecía. Es decir, que ningún periodista sea obligado o presionado por ninguna instancia gubernamental o individuo, a divulgar las fuentes de información periodísticas con las cuales han realizado algún tipo de investigación”, comenta García Gerrero.

Durango es uno de los 31 estados que junto con el Distrito Federal conforman las 32 entidades federativas de México.

De acuerdo con distintas investigaciones, durante los doce años de administraciones federales a cargo del Partido Acción Nacional (PAN), el recuento de periodistas asesinados y desaparecidos en el país asciende a 109, de los cuales 30 ocurrieron durante el gobierno de Vicente Fox (2000-2006): 26 fueron asesinados y de cuatro más se desconoce su paradero; en la administración de Felipe Calderón (2006-2012) se registran 79 víctimas: 67 homicidios y 12 desapariciones.

Desde diciembre de 2006 a la fecha, el número de asesinatos contra trabajadores del medio ha crecido 246 por ciento comparado con el sexenio anterior. Las desapariciones han presentado un 303 por ciento más de incidencia durante la administración de Felipe Calderón, documentan todos los estudios.

De igual forma, en los últimos cinco años la judicatura mexicana ha visto pasar distintas iniciativas para proteger a los periodistas del país.

Hay un hecho: Las leyes que se han creado no son suficientes. Y a las iniciativas que no llegan a ventilarse, muchas.

García Guerrero: “En Durango y en muchos estados de México tenemos el problema de la voluntad política. Los poderes legislativo y judicial están a expensas de la voluntad del poder Ejecutivo, convertido en el gran legislador, controlando a la mayoría de legisladores en las Cámaras”.

García Guerrero va más allá al asegurar “que no hay voluntad de discutir y analizar las dos iniciativas presentadas en Durango para proteger a los periodistas. No interesa dictaminarlas”.

Importa un dato: En el Congreso de Durango existe un rezago legislativo de más de doscientas iniciativas de ley que no han sido analizadas ni discutidas.

Cabe recordar que el pasado 23 de junio, el presidente Felipe Calderón firmó la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y de Federalización de los Delitos cometidos contra Periodistas. Era una ley con carácter federal que debería blindar a los periodistas mexicanos.

“Pero los poderes legislativos de los Estados quedan supeditados a la voluntad de los poderes ejecutivos. Cuando a un titular del ejecutivo no le interesa cierto tema, o le incomoda, sencillamente no avala la aprobación de este tipo de iniciativas.

Tenemos una ley federal que busca proteger a los periodistas, pero los Estados deben modificar sus legislaciones para adecuarlas al cuerpo federal. Y no está sucediendo”, puntualiza García Guerrero.

Es decir, Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y de Federalización de los Delitos echa aguas por todas las esquinas.

De acuerdo con Reporteros sin Fronteras, en el ranking 2011 México ocupa la posición 149 de 179 países evaluados: “Han sido cinco años muy difíciles y violentos, se mantiene la cantidad de asesinatos y desapariciones. Desde 2006 México se ha clasificado así (como país en situación difícil) y permanece”, asegura Reporteros sin Fronteras.

Amnistía Internacional sitúa México como el país más peligroso para ejercer el periodismo. Como otras ong’s, AI exhorta a las autoridades mexicanas a utilizar los alcances de las reformas al Código Penal Federal para sancionar los delitos cometidos contra la libertad de expresión, localizar a los autores materiales e intelectuales de cada uno de los asesinatos de los comunicadores registrados en los últimos meses, combatir la impunidad y las causas de la violencia que se han registrado contra la prensa en México.