Chilpancingo, Gro., agosto 02 de 2012 (NOTYMAS). Preocupa a la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), que la ejecución de los estudiantes de la normal de Ayotzinapa quede impune por el amparo liberado a favor de los dos ministeriales detenidos como presuntos culpables y la falta de cumplimiento efectivo de las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), por parte del Gobierno del Estado.

 

A través de un comunicado la OMCT, con sede en Suiza, externó su preocupación por el amparo recién otorgado por el Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero a favor de los dos policías ministeriales adscritos a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, que habían sido acusados de la muerte de los dos estudiantes, Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, ocurrida el 12 de diciembre del año pasado.

La preocupación principal de dicha organización internacional según expresa el escrito enviado, es que con este amparo, se abre la posibilidad de que estos homicidios queden en la impunidad, por lo que llamó a las autoridades competentes, en particular a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero (PGJE), a cumplir con la obligación de investigar con debida diligencia y defender el interés de las víctimas en el marco de los procesos penales en curso, apoyándose en las conclusiones de la investigación llevada a cabo por la CNDH y recogidas en la Recomendación 1 VG/2012.

La OMCT refirió que de acuerdo a la investigación realizada por la CNDH, identificó a los dos policías ministeriales como los responsables de la privación de la vida de los dos estudiantes, basándose en extenso material probatorio. Al tiempo que fincó responsabilidad al ex Procurador General de Justicia y del ex Director General de la Policía Ministerial del Estado de Guerrero, “por acciones y omisiones consistentes en la tolerancia, anuencia y deber de cuidado, implica una responsabilidad”

Ante este escenario, la OMCT llama a las autoridades competentes a investigar debidamente, identificar, enjuiciar y sancionar a los autores materiales y cargos políticos responsables de todas y cada una de las violaciones a los derechos humanos cometidas en Ayotzinapa y recogidas exhaustivamente en la Recomendación 1 VG/2012 de la CNDH, y cumplir cabalmente con dichos encargos. (NOTYMAS)