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*MÉXICO-CANADÁ CELEBRAN SU 40 ANIVERSARIO.

El gobierno del estado, a través de la Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales (Semai), participó en el Foro Análisis, Evaluación y Propuestas de Política Pública en Materia de Trabajo Temporal, México-Canadá, en el que se hizo un diagnóstico del funcionamiento del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales (PTAT), en los rubros de prevención, protección y retorno de los migrantes, así como las oportunidades que ofrece el programa para el desarrollo integral de este sector poblacional.

Para conmemorar el 40 aniversario del PTAT México-Canadá, considerado un modelo en términos de regulación de los flujos migratorios laborales temporales, el Sindicato de los Trabajadores de la Alimentación y el Comercio de Canadá (UFCW), en coordinación con la Dirección de Atención a Migrantes de Tlaxcala y la Asociación Civil Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo, organizaron el foro al que asistieron académicos, especialistas, representantes de los tres órdenes de gobierno y sociedad civil, al que fue invitado el gobierno de Guerrero.

En este marco, el secretario de los Migrantes y Asuntos Internacionales, Netzahualcóyotl Bustamante Santín, participó en la mesa de análisis Génesis y Evolución del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México-Canadá, en la que expuso el  trabajo que se ha realizado en Guerrero para la atención de los jornaleros agrícolas migrantes.

Informó que el gobernador del estado, Ángel Aguirre Rivero, sentó un precedente al instalar una Comisión Intersecretarial para la atención de los jornaleros agrícolas en la que participaron diez dependencias estatales, las cuales conjuntaron esfuerzos y acciones institucionales e integraron una bolsa de recursos de 8 millones de pesos para atender de manera integral a los migrantes y sus familias que salieron del estado a trabajar en los campos agrícolas del norte del país en el pasado ciclo migratorio julio-diciembre.

Bustamante Santín agregó que la Semai suscribió un convenio de colaboración con UFCW y el municipio de Chilapa de Álvarez, que presenta una alta densidad migratoria, para realizar ahí el primer censo de migrantes mediante el cual se encuestaron 6 mil personas de 80 comunidades en diez meses; “los resultados que habremos de publicar permitirán tener una radiografía del comportamiento de la migración que se presenta al interior de la república, Estados Unidos y Canadá, además de la metodología que se utilizó para el censo que es un ejemplo que pudiera ser replicado en otros estados del país”.

El secretario afirmó que la migración de los jornaleros agrícolas además de no estar regulada, presenta problemas de discriminación y condiciones desventajosas de contratación; en los campos de cultivo viven en condiciones de hacinamiento, de maltrato, y en algunos casos subsiste el empleo infantil. “La migración de las familias jornaleras no está mejorando las condiciones de marginación y pobreza de las comunidades indígenas de Guerrero, porque su mano de obra genera ingresos a las empresas agrícolas de los estados receptores”, dijo.

En este sentido, Bustamante Santín se pronunció porque haya una intervención más decidida de los gobiernos federal, a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y del estatal, que en el caso de Guerrero, precisó, a iniciativa del gobernador Aguirre Rivero se creó la Secretaría del Trabajo que entre uno de sus propósitos está el de regular y vigilar las condiciones en las que son contratados los jornaleros.

“Se aspira no sólo a que exista una mayor regulación de los procesos de reclutamiento y contratación por parte de los empleadores tanto de los guerrerenses que se van a laborar al interior del país como a Estados Unidos y Canadá, sino a la protección de sus derechos humanos y laborales”, puntualizó.

Finalmente el funcionario dijo que el gobierno del estado busca tener mayor incidencia en la atención de los jornaleros por lo que se habrá de realizar en las próximas semas visitas de inspección a los campos agrícolas de Sinaloa para verificar las condiciones en las que laboran los jornaleros.

Durante el foro efectuado en la capital tlaxcalteca, también se realizaron las mesas de discusión El Migrante en su Comunidad, El Migrante dentro de la Comunidad Canadiense y El Migrante de Retorno, Costos y Beneficios de la Migración.

La secretaria de Desarrollo Social (Sedesol), Beatriz Mojica Morga, participó en la reunión de trabajo del Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña, donde se acordó continuar la entrega de granos básicos a las familias que resultaron afectadas por la contingencia de septiembre pasado.

La funcionaria estatal destacó la importancia de hacer una puntual revisión, y buscar las alternativas necesarias para hacer que las comunidades afectadas produzcan insumos agrícolas de autoconsumo, además de hacer eficientes los programas federales y estatales para que cumplan con sus propósitos.

Ante funcionarios de dependencias estatales y federales, Mojica Morga agregó que la revisión propuesta permitirá hacer una evaluación de la operación de los distintos programas institucionales que tienen que ver de manera directa, con la dotación de granos y semillas como maíz, frijol y arroz que se entrega a los campesinos, estén operando bien.

Dijo que en esta reunión se acordó que la entrega de los granos básicos como maíz, frijol y arroz estará a cargo del DIF Guerrero y Diconsa, poniendo especial énfasis que la compra de estos insumos se hará a los productores guerrerenses para incentivar el fortalecimiento de su economía.

También, se determinó que estos apoyos extraordinarios derivados de la contingencia ocasionada por las los fenómenos Ingrid y Manuel, tendrá una vigencia de seis meses, haciéndose una evaluación al término de este plazo para ver la viabilidad de continuar con este apoyo que beneficia a 18 mil familias de 165 poblados, en 13 municipios de la Montaña.

En esta reunión de trabajo, participaron el secretario de Desarrollo Rural (Seder), Humberto Zapata Añorve; los delegados estatales de Sedesol, CDI y Diconsa, José Manuel Armenta Tello, Marcelo Tecolapa Tixteco y Gustavo Juanchi Quiñones, respectivamente; el representante de la Sedatu, Servando Ayala Rodríguez, y Abel Barrera Hernández, del Centro de Defensa de los Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, entre otros.