En la actualidad la migración ha aumentado y se ha convertido en un problema social, cultural económico y político, tanto al interior como al exterior de los países; particularmente México representa uno de los asuntos de gran relevancia en las relaciones bilaterales con los Estados Unidos de Norteamérica; en donde miles de personas, pretenden internarse; o bien dentro del mismo México a otras poblaciones para poder mejorar sus precarias condiciones.
Por tal motivo, en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal presidida por Luis González Plasencia, se realiza el Encuentro Internacional de Defensorías sobre Protección de los Derechos de las Personas Migrantes en México y Centro America, en el cual se debaten diversos puntos que rodean a tan controversial tema y que se originan en los distintos Estados de este país.
En dicho evento y para exponer el panorama que enmarca la migración en el Estado de Guerrero, se dio cita al Ombudsman guerrerense Lic. Juan Alarcón Hernández, Presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en el Estado de Guerrero, quien tiene a su cargo la encomienda de que se hagan valer en esta sociedad sureña los Derechos Humanos.
En su intervención, expresó que “el fenómeno migratorio en México, tiene repercusiones en todos los ámbitos: el económico, socio–cultural y político. En lo social provoca la separación familiar y, en múltiples casos el rompimiento total.
En lo económico, favorecen al país los envíos de remesas que en el año 2010, ascendieron a un total de 21, 300 millones de dólares, lo que indica que cada día ingresan a territorio nacional alrededor de 58 millones de dólares, lo que constituye un sostén de más de un millón de hogares mexicanos”.
Así mismo, dio a conocer que en México se aprecian dos tipos de migración: “la interna y externa. En la primera, la población rural se traslada a zonas urbanas, para laborar principalmente en el servicio domestico, o como peones, siendo objeto de explotación y discriminación, lo que complica su subsistencia. Y en el Estado de Guerrero, los municipios con mayor número de migración son Metlatónoc, Copanatoyac, Xalpatlahuac, Atlixtac, Zapotitlán Tablas, Acatepec, Tlacoapa, Atlamajalcingo del Monte, Iliatenco, Cochoapa el Grande, y otros enclavados en la Costa Chica”.
Afirmó, que “en este éxodo salen familias completas para trasladarse a los Estados de de Baja California en el corte de uva, Jalisco, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Michoacán, en la siembra de hortalizas y jitomate, Morelos caña de azúcar; y algunas comunidades de estos municipios incluyendo Tlapa, quedan desolados, solamente con mujeres y ancianos en su mayoría, pues hasta los niños y jóvenes se trasladan con sus padres contratándose como jornaleros agrícolas en las entidades de referencia”.
Por otra parte y en lo que corresponde a la migración externa, dijo que “la mayor parte de mexicanos lo hace hacia los Estados Unidos de Norteamérica en busca del sueño americano en donde muchas veces lo que encuentran es la muerte”.
Ante el fatal resultado de la migración, se explicó que para el Estado se vuelve un delicado problema que tendrá que enfrentarse, pues refiriéndose a lo anterior esta migración recae en las principales ciudades de Acapulco de Juárez, Chilpancingo de los Bravo, Iguala de la Independencia, y Chilapa de Álvarez; y según datos estadísticos, la población nacida en nuestro país que reside en Estados Unidos es de aproximadamente cerca de 11 millones 700 mil mexicanos de estos, el 35.2 % son indocumentados, es decir aproximadamente 4 millones; los cuales se enfrentan a las violaciones a los derechos humanos por parte de autoridades estadounidenses y están las relacionadas con el racismo y la discriminación, que ocasionan reclusión, golpes e insultos, incomunicación, separación familiar forzosa, retención de documentos, robo, cohecho y extorción entre otros.
Por ello, el Ombudsman guerrerense recalcó, que se debe regular la migración, garantizando el respeto de los derechos humanos de quienes intentan trabajar en los Estados Unidos, con programas de trabajos temporales y algún sistema de regularización de indocumentados.
Aseguró, que “es primordial crear conciencia de que los migrantes, bien “legales” e “ilegales”, como los llaman peyorativamente, tienen derecho a la vida, dignidad, seguridad, a condiciones laborales justas y favorables, a la asistencia sanitaria y trato igualitario ante la ley; q y que este reconocimiento evitará la existencia de víctimas del tráfico ilegal de personas, que llegan a un país sin documentación, o tal vez les ha sido retenida, lo que los obliga a realizar actividades degradantes, como la prostitución, pornografía, trabajo forzado, explotación laboral”.
Apuntó que esto esta avalado por la ONU, quién emitió la “Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos Humanos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares” la cual brinda protección de las y los migrantes, misma que entró en vigor el 1 de julio del 2003.
En su participación Juan Alarcón Hernández, formuló tres conclusiones, en donde primeramente menciona que: “Es pertinente que en su declaración este Foro se pronuncie ante la ONU, para el efecto de que se impulse el cumplimiento de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos Humanos de los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares. La segunda: Exponer esta preocupación ante las autoridades del Gobierno Federal, Poder Ejecutivo y Legislativo, así como ante el Presidente electo de México, para que se tomen decisiones a efecto de crear empleos e impulsar el desarrollo agropecuario y agroindustrial en el campo para que haya una mayor producción y competitividad en las regiones rurales de México, pues es lo que requiere este país, para que brazos e inteligencias no salgan de él, y se minimice la gran migración de mexicanas y mexicanos hacia el país del norte. Y la tercera: Que el gobierno de la República, proteja los derechos humanos de las y los migrantes que vienen de sur para trabajar en México, o que van de tránsito a los Estados Unidos de Norteamérica”. Finalizó.
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