La iniciativa 3 de 3, surgió de los grupos ciudadanos. Es de ellos, de la gente, del pueblo. Inicialmente, se demandaban  109 mil 200 firmas –el 13 por ciento del padrón electoral- para que pasara al Congreso de la Unión y a la cámara de Senadores. Y se discutiera como Ley. La expectativa no solo se cumplió, sino que se rebasó con creces: 630 mil ciudadanos de esta vapuleada nación, la firmaron. Y pasó a ambas Cámaras. El problema no es ese, sino que los partidos políticos la quieren acotar. Ajustarla a sus propios intereses. Hay que ir por partes para entenderlo mejor.

ATAQUE A LA CORRUPCIÓN A MEDIAS.- Un grupo de organizaciones ciudadanas –entre ellas el Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO) y Transparencia Mexicana-, promovieron la iniciativa 3 de 3, cuyo objetivo es el combate a la corrupción en todas las instituciones. Se resume en tres partes. Es decir, que todos los funcionarios públicos de todos los niveles, presenten tres declaraciones: la declaración patrimonial  que fiscalice cuánto dinero y propiedades tienen y cómo evolucionan durante su servicio público; la declaración fiscal, que supervise que además de cobrar los impuestos ciudadanos, también los estén pagando; y una declaración de interés, que revise a quién o quienes les están comprando bienes inmuebles, a quién le deben dinero y dónde han trabajado. Pero diputados y senadores de todos los partidos políticos la quieren acotar. Dejar a medias ciertos puntos. Se lee así:

1.- El Senado aprobó el pasado martes la Ley de Responsabilidad de Responsabilidades Administrativas que contiene la Ley 3 de 3. El problema es que si bien conmina a que todos los funcionarios públicos cumplan con las tres declaraciones señaladas, al final los pone a salvo al señalar que no lo harían "en los casos que ellos consideren que afecta su vida privada”. Incluso, propusieron la creación de una Comisión de Notables Ciudadanos que serían los responsables de indicar qué información o no debería ser del dominio público, argumentado la seguridad y la protección de datos de los servidores públicos. Lo curioso es que esta supuesta Comisión de Ciudadanos Notables no tiene fecha para integrarse.

2.- Los senadores le metieron mano a dicha Ley y la han modificado y ajustado a sus intereses. Uno de los puntos que resaltan en este sentido, es que toda persona física o moral que reciba recursos públicos o celebre contratos con los tres niveles de gobierno, presente también su declaración patrimonial, fiscal y de interés. Es decir, lleva dedicatoria para todos los empresarios que celebran convenios con el gobierno, los cuales tendrían que sujetarse a dicha Ley. Como si se tratara de una venganza contra ellos, debido a que un buen número de empresarios se solidarizaron con ella. Una modificación a la que por supuesto, se opone el PAN.

3.- Los senadores guerrerenses, Sofío Ramírez Hernández y René Juárez Cisneros, votaron a favor de estas modificaciones. Lo curioso del asunto es que la administración estatal de René Juárez, terminó sumida en agudos señalamientos de corrupción en 2005. Y cuando Sofío fue alcalde de su natal Tlalixtaquilla, la AGE también le encontró irregularidades millonarias en su cuenta pública. Es decir, ambos personajes le apuestan a que por esos pequeños resquicios en dicha Ley, siga permaneciendo intacta la corrupción a gran escala en la función pública. ¿Con ese cinismo van a pedir el voto para su partido el PRI,  en la elección de julio de 2018? ¿No fue lo suficientemente clara la lección del pasado proceso electoral del 5 de junio, en el cual el PRI perdió siete gobiernos estatales, debido en gran medida, a la corrupción de sus gobernantes en dichas entidades? El debate sigue.

 

HOJEADAS DE PÁGINAS…Trasciende que la designación del próximo dirigente estatal del PRI, se decidirá en una Convención Nacional de ese partido, a celebrarse los primeros días de agosto. Y dicen que el puntero en esa disputa, es el ex edil de Chilpancingo, Mario Moreno Arcos, tras su triunfo como enviado especial del PRI, en el estado de Tlaxcala. A ver si es cierto.