La falla en seguridad y justicia es funcional

Del Índice General de Impunidad México 2016 presentado la semana pasada por investigadores de la Universidad de las Américas Puebla, vale la pena no sólo destacar que Guerrero es el sexto estado del país con un grado de impunidad considerado muy alto, sino las deficiencias en el funcionamiento de su sistema de seguridad y justicia, que lo colocan en esa deshonrosa posición.

Comencemos por lo terriblemente preocupante de que el estudio no incluya la dimensión de los derechos humanos, debido a que los investigadores consideran que la información que las comisiones estatales proporcionan al INEGI es poco confiable. Peor aún, que pongan a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Guerrero, como ejemplo de lo anterior.

“Llama la atención que estados como Guerrero por ejemplo, no tengan ninguna recomendación en un periodo tan álgido como el que estamos presentando”, dice textualmente el documento. El periodo al que se refiere, es del año 2010 al 2014, en el que para la Coddehum, no hubo en el estado desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, encarcelamientos políticos, ni casos de tortura.

El estado es considerado como el que registra más casos de desaparición forzada en el país; 247 de los 989 registrados por la PGR de 2007 a 2015.

Otro señalamiento de desconfianza en cuanto a sus datos, es hacia la Fiscalía de Guerrero, que reportó como determinadas todas sus averiguaciones previas, lo cual, subrayan los investigadores, indica una irregularidad en cuanto al reporte de delitos, debido a que en los otros estados el número de averiguaciones varía en cuanto a las que ameritaron una determinación.

Pero el problema no es solamente la omisión y falta de transparencia en cuanto a la información oficial, sino que el estudio revela que las fallas en el sistema de seguridad y justicia del estado no son estructurales, sino de funcionalidad, lo cual es sumamente grave, porque es precisamente la funcionalidad la que determina el grado de impunidad.

La falla no es estructural, porque si bien hay menos agencias del Ministerio Público que el promedio nacional de 3.2 por cada 100 mil habitantes, en ellas trabajan 11 agentes del MP por cada mil delitos registrados; la media nacional es de cinco.

También hay 22 policías ministeriales por cada 100 mil habitantes, el doble de la media nacional; y el personal destinado a funciones de seguridad pública también supera el promedio.

En lo que respecta al Tribunal Superior de Justicia tiene más magistrados y jueces, pero menos secretarios que la media nacional. Es decir, existe más personal que se dedica a juzgar que el necesario para sacar adelante las labores burocráticas propias de los procesos.

La falla es funcional, porque el porcentaje de encarcelados es menor a la media nacional. En el caso de homicidios se encarcela al 12 por ciento cuando el promedio en el país es de 28 por ciento. Pero también, porque hay fallas en el proceso de enjuiciamiento que dan como resultado un 10 por ciento de más reclusos sin sentencia que en el promedio nacional.

Otro aspecto importante que revela el estudio, es que de nada sirve la intervención federal si las fallas en el funcionamiento de los sistemas de seguridad y justicia local permiten la impunidad. Al menos seis de los estados en los que desde el año 2007 se implementan operativos conjuntos, están en el grupo de entidades con grado de impunidad muy alto, entre éstos Guerrero.

Aunque el año base de esta investigación es el 2013, la probabilidad de que algo haya cambiado es casi nula, por lo que el actual gobierno de Héctor Astudillo debe poner énfasis en corregir la situación a través de su gabinete de seguridad, la Fiscalía y el Tribunal Superior de Justicia. 

El personal suficiente ahí está, sólo requiere ser reorganizado y vigilado para que cada quien cumpla su función.

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