Noé Mondragón Norato

El problema se agrava. Y no tanto por la reiterada cantaleta de la inseguridad, sino porque a menos de quince días de haber rendido protesta, los grupos delictivos le están generando muy altos dolores de cabeza a las autoridades municipales de dos demarcaciones concretas: Acapulco y Chilpancingo.

Ese hecho revela de entrada, que los ediles del PRD, Evodio Velázquez Aguirre y del PRI, Marco Antonio Leyva Mena, amenazan con deflagrar antes de cumplir los famosos cien días de gobierno.

Un instrumento que vale a la vez, como amenaza para los funcionarios menores, pero no para el edil municipal: “si durante los primeros cien días de gobierno no muestran resultados, se van”, les dicen a quienes asumen como subalternos.

El punto entonces, es que los propios ciudadanos con su voto en urnas, también les deberían de dar cien días a todos los alcaldes para mostrar resultados. O que de plano, también se vayan. Los “resultados” mostrado hasta hoy, servirían como soporte para ello. Hay que verlos.

EVODIO Y MARCO: MANIATADOS.- Si se mira bien, los alcaldes de Acapulco y Chilpancingo, comenzaron muy mal su periodo como primera autoridad en sus respectivos municipios. Y de seguir así, pronto se encontrarán con el repudio ciudadano que antecede a la obligada salida de palacio municipal. El recuento es claro:

1.- El edil perredista de Acapulco, Evodio Velázquez Aguirre, se encontró con un escenario manchado de sangre. El cual se agravó notablemente a raíz del último hecho delictivo: el homicidio del regidor priísta Jesús de la O Gallardo,  quien era tío del ex director de Reglamentos y Espectáculos en la pasada administración de Luis Walton, Carlos Yebale de la O, un personaje que también fue asesinado el pasado 20 de julio, y quien antes de mudarse al partido MC, había militado en el PRD.

A la cadena de asesinatos múltiples ocurridos casi diariamente en ese puerto turístico, el alcalde perredista se encontró de frente con un crimen que amenaza complicarle su capacidad de maniobra, frente a la incansable operatividad de la delincuencia organizada. Y también en el plano político.

De hecho, trasciende que en la próxima sesión del Congreso local, se preparan sendos exhortos dirigidos al primer edil de Acapulco, con fin de obligarlo a involucrarse más en las tareas de combate al delito y fin progresivo a la impunidad. Porque a estas alturas, dicho puerto turístico está convertido en tierra sin ley.  No hay autoridad. Y con la simple condena a un hecho político violento, no se resuelve nada.

2.- En Chilpancingo, el edil priísta Marco Antonio Leyva Mena, lleva acumuladas dos estrellas. Pero negativas. La primera la adquirió al designar como encargado de despacho de la Subsecretaría de Tránsito y Vialidad, a Inocente Mojica Peña, un personaje a quien en reiteradas ocasiones, el ex líder de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de Chilpancingo y ex aspirante a la alcaldía capitalina por el partido MC, Pioquinto Damián Huato, y también el dirigente de la Coordinadora Estatal de Transportistas Independientes de Guerrero (CETIG), Juan Mendoza Tapia, lo han denunciado públicamente, por mantener presuntos nexos con el narcotráfico.

A Leyva Mena poco le importó el qué dirán, en relación a este polémico nombramiento. Y mantuvo en esa cartera a dicho personaje. Desde luego, en su propio detrimento político. La segunda se la ganó desde el momento mismo en que los baños de sangre se volvieron cotidianos en la capital del Estado.

Y detonaron con un hecho delictivo que acaparó la atención: el secuestro de dos menores y su nana, cuando salían de una escuela de Chilpancingo, el pasado jueves. Leyva Mena se aprecia así, descanchado y confundido. Carente de operación en materia de seguridad pública. El agua le está llegando a los aparejos demasiado rápido.  Y solo él no se da cuenta de tan delicada situación.

HOJEADAS DE PÁGINAS…Dos son los personajes que se están sirviendo con la cuchara grande en la SEG, a pocos días de abandonar sus respectivas posiciones en esa dependencia: el subsecretario de Finanzas, Diego Díaz Padua. Y el Director de Personal, Joaquín García Mondragón. Ambos ya ubicaron con claves muy bien pagadas, a sus respectivas esposas y demás familiares, sin ser personal docente. Lo cual contraviene los lineamientos centrales de la Reforma Educativa. El gobernador electo, Héctor Astudillo Flores, está obligado a someter a una auditoria con lupa, a estos dos rapaces funcionarios.