El presidente Enrique Peña Nieto se decidió por fin a restablecer las condiciones de un Estado de Derecho en Guerrero con paz social y garantías para el desarrollo del proceso electoral de aquí a junio, al cerrar prácticamente la investigación judicial del caso Ayotzinapa; al retomar el control de carreteras y casetas de peaje e impedir que encapuchados las tomen; y al reforzar la seguridad pública en el estado.

Pero no todo es miel, porque al negociar en secreto con los grupos que se montaron en el caso Ayotzinapa con fines políticos y de desestabilización política y social, los operadores del gobierno federal les dieron no sólo dinero y prebendas, sino que les otorgaron concesiones y promesas de que podrán intervenir en el proceso electoral para poner en marcha su particular proyecto de “gobiernos populares” mediante el recurso de “usos y costumbres”.

Es decir, para crear en algunas zonas “asambleas populares” con las que controlarán territorios muy al estilo de los grupos de autodefensa de la CRAC y de la UPOEG, con participación de activistas, guerrilleros, ayotzinapos y miembros de la CNTE-CETEG, y con el apoyo político del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), para que incluso obtengan candidaturas a alcaldías y diputaciones locales.

Esa negociación es una de las razones por las que el presidente Peña Nieto ha postergado ya dos veces la definición del candidato del PRI a la gubernatura de Guerrero. Aunque también espera conocer la forma en que el PRD y los partidos de Izquierda resuelven sus candidaturas, ya sea con un abanderado perredista y otro del MC y PT, o con un solo candidato común, como hemos adelantado en este espacio…

Sobra ya un gobernador y se podría sacrificar al PRI…

El problema del nuevo esquema político derivado de la forma en que el gobierno federal solucionó el caso Ayotzinapa –con la declaración oficial de que los 42 normalistas desaparecidos fueron asesinados e incinerados-, es que deja sin chamba al gobernador interino, Rogelio Ortega Martínez, cuya presencia ya no se justifica, luego de que no logró el diálogo ni atendió los problemas sociales y políticos urgentes del estado, ya que la seguridad pública y todo el esquema que pacifica desde ayer a Guerrero está a cargo del gobierno de Peña Nieto. Mientras que el tema político-electoral está siendo operado por el gobernador con licencia, Ángel Aguirre Rivero.

Por otro lado, esa negociación secreta abre una serie de espacios políticos dedicados a facilitar la actuación de fuerzas disidentes y clandestinas en el ámbito de la Izquierda, e incluso en favor del ala más radical de los partidos, representada por MORENA y su líder Andrés Manuel López Obrador.

Lo que pone en entredicho la voluntad presidencial de ganar la gubernatura de Guerrero con un priista, pues lo que viene será una serie de experimentos políticos que volverán a crear inestabilidad en el estado, sólo para que Peña Nieto reconstruya su imagen personal y la de su gobierno en un sentido de pluralismo, apertura y participación política legal de quienes habían sido enemigos del Estado…

Prórroga en el PRI crea malestar y desconcierto…

Si la nominación del candidato del PRI a gobernador se hiciera siguiendo el modelo que Peña Nieto ha aplicado en otros estados, la solución habría sido más que sencilla: analizar los resultados de encuestas y llegar a un acuerdo político para designar un candidato de unidad surgido de entre Manuel Añorve Baños, Héctor Astudillo Flores, Mario Moreno Arcos o Héctor Apreza Patrón.

Sin embargo, a pesar de que la convocatoria oficial del PRI para seleccionar candidato a gobernador es muy clara al establecer que sólo pueden participar militantes de ese partido con al menos 10 años de militancia, el mismo cambio de las fechas abre la posibilidad de que el imaginativo Peña Nieto pudiera pretender imponer a un abanderado débil, incluso a un externo, para perder deliberadamente las elecciones y abrirle la puerta de la gubernatura a algún personaje de Izquierda que facilite la transición al nuevo modelo político que quieren experimentar en Guerrero.

Esa es la sospecha que está creando un creciente malestar entre personajes y militantes priistas, que desde ahora se oponen a cualquier jugada extraña de parte del presidente Peña y de la dirigencia nacional del PRI, ya que un dedazo en favor de un personaje no priista con bajo puntaje en las encuestas sólo llevará al debilitamiento y la división del priismo, justo cuando se pensaba que hay condiciones para que uno de los suyos gane la gubernatura.

Porque, mire usted, la más reciente encuesta estatal aplicada por la empresa Consulta Mitofsky apenas la semana pasada, refleja que los candidatos más fuertes para pelear en serio la gubernatura son, por el PRI, Añorve, Astudillo o Moreno, con suficiente competitividad para enfrentar, al más fuerte de la Izquierda, Luis Walton Aburto, a la cabeza de una alianza multipartidista que incluya al PRD.

Entonces ¿qué razón habría para que el PRI no presentara como su candidato a alguno de ellos; y por qué no habría de hacerlo, si ya se sabe que el PRD no puede ir en solitario, y que solo Walton le garantiza una alianza competitiva (dado que Javier Saldaña, de la UAG, se quedó en el sótano, con solo 4% de simpatías, contra más de 20 puntos de los aspirantes del PRI y de la Izquierda)…?

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