Ayer, cuando el presidente Enrique Peña Nieto estuvo en Chilpancingo para evaluar el adelanto de los trabajos de reconstrucción, se abrió por fin el panorama de lo que será el apoyo federal para la reconstrucción de esta ciudad:  Apoyos de vivienda para 1, 295 familias que perdieron sus casas; 250 millones de pesos para rehabilitar el canal del Huacapa; inversión para recuperar y aumentar el abasto de agua; mas estímulos financieros para pequeñas y medianas empresas afectadas; aparte de 3 mil millones de pesos para reconstruir carreteras y puentes colapsados principalmente en Guerrero, aparte de la rehabilitación de escuelas, hospitales y la aplicación de programas sociales y de empleo para atender a los verdaderos damnificados.
Se dice fácil, pero la sola mención de cada uno de esos rubros implica una gran inversión que abre para esta capital y para el resto del estado una gran oportunidad de recuperación económica, de empleo, de mejores vialidades y servicios; pero sobre todo de hacer por fin las cosas bien.
Porque si en algo han puesto énfasis el presidente Peña Nieto, el gobernador Ángel Aguirre Rivero y el alcalde Mario Moreno Arcos, es en la necesidad de hacer las cosas bien, con obras y materiales de calidad, con pulcritud y transparencia en el manejo de los recursos, y con una planeación estricta que aporte soluciones eficaces y con previsión de seguridad a futuro.
Ese es el espíritu y hay que confiar en que las cosas se harán así, porque no puede ser de otra manera. Y le voy a decir por qué: porque la catástrofe que provocó la tormenta tropical “Manuel” representa al mismo tiempo una oportunidad que debemos aprovechar sin ingenuidades, y es un hito en la nueva relación gobierno-sociedad que está surgiendo en esta coyuntura.
La reconstrucción de Chilpancingo y de otros municipios afectados, como Acapulco, implicará un impulso sin precedentes para la industria de la construcción en el estado, así como para otras industrias y comercios ligados directa o indirectamente a ese rubro, y de empleo a mediano y largo plazo, en la medida en que se contrate a empresas y mano de obra local y no se impongan intereses personales o políticos para aprovecharse de las grandes inversiones que vienen.
De modo que eso implica un nuevo movimiento económico que deberá reactivar toda la actividad comercial y empresarial en esta capital y en la mayor parte del estado, aportando un beneficio histórico que puede ser palanca de desarrollo a largo plazo, si sabemos aprovechar esta oportunidad… 

Una nueva relación gobierno-sociedad, rasposa pero renovadora…

En ese marco, mientras los medios de comunicación y las redes sociales dan cuenta de avances en la atención gubernamental a los damnificados, lo mismo que de omisiones, protestas y demandas de apoyo de quienes se sienten marginados, en los hechos se está fraguando un cambio dramático en la percepción que la gente tiene de sus autoridades y de la forma en que valoran a sus gobernantes.
Si bien hay un amplio reconocimiento nacional y estatal del liderazgo que ha asumido el presidente Peña Nieto de la emergencia, de la ayuda, y de la reconstrucción, abriendo un paraguas de gobernabilidad que comparte con el gobernador Aguirre Rivero, también es cierto que se han abierto graves fisuras en nuestra sociedad que también nutre su percepción de las protestas y de las posturas disidentes, que conforman un panorama de creciente desconfianza en las autoridades y en la verdad de sus promesas.
Ese espacio desconfiado, que debería ser cubierto por la esperanza y la fe en hombres públicos e instituciones de gobierno que de por sí están a prueba, configura un problema nuevo con el que tendrán que lidiar lo mismo el gobierno federal que los del estado y del municipio.
El nuevo damnificado surgido de la catástrofe del 15 de septiembre es exigente y es desconfiado, su pérdida no sólo es personal o familiar sino social, pues la comparten sus vecinos, sus conciudadanos, la sociedad toda, pues de un modo u otro todos fuimos afectados, perdimos algo.
Y entre lo que se perdió están la fe y la confianza en los gobiernos, no tanto por la pérdida en sí, sino por la percepción de que hay culpables detrás de los daños –justificada en Acapulco, por la cadena de corrupción que se ha hecho escándalo público a nivel nacional-, por lo que la ciudadanía cree que las viviendas ofrecidas y la reconstrucción de su parcela urbana son una mera promesa que sólo se creerá cuando se haga realidad.
Esta percepción –distorsionada, sí, pero real- flota en el ambiente por más que los medios de comunicación insisten en el esfuerzo sincero de los gobernantes por ayudarnos a todos. A ello contribuyen los rumores, las redes sociales y las diferencias en la calidad de la ayuda que se recibe en Chilpancingo o Acapulco respecto de otros municipios del Centro o Tierra Caliente.
Este fenómeno implica la necesidad de fortalecer la percepción del liderazgo presidencial y la presencia permanente del gobernador en contacto directo con la gente, al igual que los alcaldes. Pero también implica la urgencia de cambiar el modelo de comunicación del gobierno, hacerse más directo, menos oficialista, más preocupado por las necesidades informativas y de orientación oportuna de utilidad para la población; y en la que se usen razonablemente los medios y las redes sociales como puente para crear percepciones positivas más que para forzar unanimidades imposibles. Y tomar en cuenta que esta será la reconstrucción más fiscalizada de la historia…
La reconstrucción de Guerrero así, no solo deberá ser una reconstrucción física y alimentaria, sino sobre todo social, una oportunidad para configurar un nuevo pacto entre gobierno y sociedad en estos nuevos malos tiempos, para poder esperar los buenos con la fe que es difícil de tener para muchos ahora…Correo electrónico: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.