El gobernador Ángel Aguirre puso el dedo en uno de los problemas estructurales más determinantes de la evolución social de Guerrero cuando, hace unos días, hizo un somero diagnóstico de la situación de la educación en la entidad.

Por una parte, identificó como un problema serio el de las normales privadas que, en el afán de procurarse los ingresos que les dejan sus jóvenes estudiantes, no sólo les alimentan la esperanza (o el sueño, o la ilusión) de ser maestros algún día, sino que a veces de plano los engañan asegurando que sus cursos cuentan con el reconocimiento oficial, cuando no es así.

Para casos como esos, ordenó a la secretaria de Educación, Silvia Romero Suárez, “proceder con toda energía y clausurar aquellas normales que no estén a la altura desde el punto de vista de los perfiles académicos”.

Pero no se detuvo en las normales; dijo que “debemos analizar cómo poder traer más instituciones de nivel superior, necesitamos hacer una planeación de qué tipo de carreras son las que se necesitan en Guerrero; necesitamos, junto con la Universidad Autónoma de Guerrero, decirle a la población cuáles son las carreras que en el futuro le garantizarán crecer profesionalmente”.

El mandatario advirtió que debe corregirse la saturación que tienen algunas carreras como Derecho, Medicina y Contabilidad (le faltó incluir Periodismo o Ciencias de la Comunicación o Relaciones Públicas, como pomposamente le denomina alguna universidad) para no abrir la matrícula de manera irresponsable con carreras que tampoco están a la altura de las circunstancias de las necesidades de Guerrero.

(Más tarde, en un inexplicable comunicado, la SEG precisó que el gobernador no se refirió a alguna de las nueve normales públicas de la entidad, como si en ellas no ocurriera nada anormal).

El gobernador se refirió a dos aspectos del problema: uno es el de las carreras patito, las que son un fraude porque no tienen el reconocimiento oficial. A ésas, queda claro, hay que extirparlas porque son un robo (los estudiantes pierden su tiempo, y los padres pierden su dinero).

Las otras son las carreras que no tienen futuro y que son ofrecidas solamente porque son las carreras que los jóvenes quieren estudiar.

Son los casos de Derecho, Medicina, Contabilidad y Periodismo. El mercado está saturado de profesionales en esas especialidades. Los jóvenes que sueñan con cursarlas ya se ven como abogados de renombre, laureados doctores en medicina, ricos contadores al mando de grandes empresas, o estrellas de televisión.

Pero los sueños sueños son. La triste realidad a la que se enfrentan al terminar sus estudios es que no hay cupo para ellos en el mercado laboral, de modo que tienen que meterse a trabajar de taxistas o de comerciantes, o de vendedores de autos, o vendedores de tiempo compartido... o lo que a usted se le ocurra.

Y si las carreras se siguen ofreciendo es, en primera instancia, porque el gobierno no asume su función reguladora ante el sistema educativo. En segunda instancia, por la voracidad de los empresarios de la educación, cuya filosofía es ofrecer lo que el cliente pida, aun si el producto es perfectamente inútil. Y en tercera instancia, porque la UAG, que para estos menesteres es autónoma, no ha cumplido su responsabilidad de ofrecer los estudios profesionales que necesita la sociedad (ojo: no es lo mismo demandar que necesitar).

Hay que decir que este divorcio entre las carreras que ofrece el sistema educativo y el mercado laboral es histórico. Anda por ahí un consejo educativo, que existe sólo en el papel, y cuya función es servir de enlace entre la oferta educativa y el mercado de trabajo. Pero es tan inexistente que ni con Google se le encuentra.

No sería muy costoso hacer llegar a los jóvenes aspirantes, en cada temporada previa a las inscripciones, un somero diagnóstico de la situación laboral de los egresados de todo el sistema educativo, para que ellos y sus padres le vayan pensando. Ésta sería la parte menos costosa del remedio.

La otra parte, la que sí cuesta, implicará modificar el sistema educativo para que reduzca la matrícula en carreras que no tienen futuro en el mercado laboral y la aumente en las que sí, o cree carreras nuevas que respondan a la necesidad social. Es costosa porque implica formar docentes en un mercado laboral cambiante, y acondicionar los espacios que se necesitan para que esos docentes puedan formar nuevos profesionales.

Pero tiene que hacerse, y esto incluye a las normales públicas; si la tasa de formación de nuevos maestros supera la tasa de crecimiento poblacional, hay que hacerlo. El gobernador Aguirre está dispuesto a resolver el problema y afortunadamente cuenta con el respaldo de la sociedad guerrerense que pide a gritos un cambio en beneficio de nuestros jóvenes estudiantes y futuros profesionistas.