Han pasado varios días de que se celebraron las elecciones en México y al mismo tiempo que los mexicanos conocimos en voz de la autoridad electoral quien de los cuatro aspirantes a la presidencia de la República llevaba la delantera. Este solo hecho  hubiese sido suficiente para que los demás contrincantes aceptaran la ventaja. Esto, como debemos suponer, no sucedió así ya que uno de los tres rezagados  no asumió su derrota, por el prurito de que hacerlo significaba la pérdida de su liderazgo nacional e iba a dejar a sus seguidores, simpatizantes y gente radicalizada ‘’colgados de la brocha’’, como popularmente se dice de quien actúa diferente.

Todos tenemos conocimiento de que existe un conflicto poselectoral que está desarrollándose en el país producto de la impugnación que hizo uno de los competidores sobre el número de votos emitidos y que no le favorecieron para alzarse con el triunfo.

El proceso de revisión de las boletas en los 300 distritos electorales federales del país no será suficiente para que culmine en esta semana el conflicto. Es quizá una película similar a la del 2006 pero modificada en algunas partes sustanciales, pues si anteriormente se inició el conflicto en la plaza pública, ahora se está haciendo dentro de los márgenes legales y las acciones se han encaminado por los cauces institucionales.

Las alharacas callejeras se han circunscrito a una serie de gritos e improperios de parte de jóvenes que se identificaron con el nuevo movimiento YoSoy132 pero que no constituyen de ninguna manera un atentado a la paz pública, aunque si han causado molestias no solo a quienes participan como autoridades electorales sino a los ciudadanos común y corriente que tienen la penosa necesidad de transitar por donde estos jóvenes deambulan.

Los mexicanos que vivimos la experiencia en el año 2006 pueden recordar que las impugnaciones de ahora no se pueden considerar fuera de una lógica elemental que es lo que haría cualquier persona inconforme y que es la de solicitar la revisión de los documentos emitidos y esperar que las pruebas que se entreguen a la máxima autoridad sean aceptadas como válidas.

Para que esto suceda  tendremos que esperar a que  el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sesione y dictamine. Será hasta entonces cuando sea el principio del fin o el fin del principio.

Lo que si podemos augurar desde ahora es que sea cual sea la actitud que asuma el perdedor, no habrá marcha atrás y el ganador de la justa será ungido formal y legamente como Presidente electo y posteriormente, el primero de Diciembre, tomará posesión del cargo en situación muy diferente a lo acontecido hace seis años.

La verdad es que los ciudadanos en este país y quienes sufragaron (cerca de 50 millones) dejaron asentada su posición de a quien querían como presidente de la República. ¿Masoquismo colectivo?

Lo cierto es que la mayoría se decidió por un candidato y quien es el que enarbola la bandera de un partido cuestionado por su desempeño en la administración pública nacional durante más de setenta años y que dejó el poder doce años cuando la mayoría de los electores prefirió votar por otra marca partidista.

Solo un estudio sociológico podría darnos una pista del porqué los mexicanos prefirieron en este 2012 devolverle el poder a quien representa un pasado infame. Aún así,  debemos aceptar que dentro de una competencia democrática y con una legislación electoral mucho mas severa y restrictiva que hace 6 años el resultado de la votación tiene que ser aceptado pues de otra forma no entenderíamos cómo podríamos celebrar elecciones democráticas.

Existe mucho nerviosismo entre la sociedad sobre lo que puede pasar si el quejoso no queda conforme con el dictamen final de la máxima autoridad electoral. Unos dicen que México podría enfrentar una situación de inestabilidad política y otros que podríamos llegar a la ingobernabilidad, mientras que los más radicales construyen escenarios mucho más pesimistas respecto a que con el regreso del partido del autoritarismo podrían levantar en armas los grupos guerrilleros que todavía actúan en varias entidades del país, pero que poca presencia han tenido últimamente lo cual se puede medir por las acciones efectuadas.

Si consideramos que México es un país con serios contrastes sociales donde la marginación y la pobreza se ve y se siente, también debemos aceptar que aún y con todo eso se ha logrado mejoras en relación a la defensa y protección de los derechos humanos y mayores libertades individuales y de grupos que hace unas tres décadas era imposible pensar en obtenerlas. Los cambios que se han logrado no han sido gratuitos y algunos han tenido altos costos que se han pagado incluso con vidas humanas, lo cual sigue siendo muy lamentable.

Pero insistimos: si los mexicanos nos hemos dado una forma mucho mas detallada y sofisticada para elegir a nuestros representantes populares en comparación con otros países latinoamericanos—incluso aceptado por los observadores internacionales y los representantes de la Organización de Estados Americanos (OEA)—hoy no podemos menos que presionar a los competidores para que acepten como reales demócratas los resultado, así como aceptaron competir con las mismas reglas del juego.

Realmente que nos parece patético que todavía estemos perdiendo el tiempo en estos eventos pos electorales que en otras latitudes están superados.

Sin embargo, debemos aceptar nuestra realidad y sobre todo nuestra legislación que convierte en tortuoso el camino para que los candidatos perdedores acepten su estatus y que los ciudadanos que votaron en un sentido u otro tengan en su código de ética que en una competencia, como en cualquier otra, se gana o se pierde.

 

Periodista/Analista político*

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