Por Noé Mondragón Norato

Ante el peso de las inéditas, cruentas y asombrosas realidades, los tabús del pasado también colapsan. Y las prohibiciones han cambiado de cancha. En el pasado presidencialista y autoritario del PRI había tres instituciones que no podían tocarse en los medios de comunicación: la virgen de Guadalupe, el Ejército y el presidente del país. Ese dogma ya se cayó. Ahora se censura a la prensa por presumibles violaciones en materia de “género” contra mujeres empoderadas y no ciudadanas comunes; se desoyen otras violaciones más fuertes en materia de derechos humanos y de personas desaparecidas; y se protege a los infractores de la hacienda pública. El espejo social parece por momentos, retroceder al pasado. Es cuestión de rastrear contextos.

CLAROSCUROS “DEMOCRÁTICOS”. – Amparados en los programas sociales, muchos gobernantes de la 4T violan libertades y apoyan auténticas abyecciones. Muy similares a las del pasado priista. Se lee así:

1.- En Campeche, la gobernadora morenista Layda Sansores San Román −con orígenes en el PRI, PRD, Convergencia, MC, PT hasta “caer parada” en el Morena− interpuso demanda contra el periodista José Luis González Valdez, atribuyéndole delitos como “incitación al odio, difamación y calumnias”. Una jueza ordenó el cierre del Diario Tribuna y prohibió a González ejercer el periodismo por dos años. La propia Sansores se ha referido al periodista como “Don Piraña” y este ha sido detenido por la propia Fiscalía de Campeche.

Un caso similar acaba de ocurrir en Guerrero, pues la diputa plurinominal del PT −partido aliado del Morena−, Leticia Mosso Hernández denunció a Maximiliano Bello Flores, administrador de la página “La Voz de Tlapa”, por presumibles “injerencias arbitrarias en el ámbito de su vida privada y familiar”.

El Tribunal Electoral del Estado (TEE) acaba de sancionar al comunicador.

A esta vertiente de censurar a la prensa por criticar a los poderosos se ha sumado el actual gobernador de Puebla del Morena, Alejandro Armenta Mier −quien era militante activo del PRI hasta el pasado 2017−, cuya “Ley Censura” pretende “sancionar el ciberacoso con penas de prisión de hasta tres años por expresiones en redes sociales que se consideren ofensivas o vejatorias”, lo cual podría derivar en la persecución de periodistas y medios.

El mandatario poblano ya había promovido en 2023 como senador, un proyecto de decreto para revocar la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Propuso que sus funciones fueran integradas a la Secretaría de la Función Pública, una dependencia cuyo control político está determinado por el presidente del país en turno. Es decir, que el peso de la fiscalización de los recursos públicos estatales cayera directo en la Federación. Preparaba así el camino a la gubernatura de Puebla y libre de eventuales señalamientos por corruptelas. Una fórmula que ya le funcionó a la alcaldesa de Acapulco, la también morenista Abelina López Rodríguez, quien también manotea apelando a la rentable divisa de “ataques mediáticos en función de género”, el escenario que la sitúa en la no comprobación de 898 millones de pesos.

2.- El ejército mexicano ya puede cuestionarse en los medios y en las redes sociales. A cambio, adquiere más poder. Dentro de poco, la Guardia Nacional pasará a formar parte de sus filas. Y no sólo eso: los miembros de esta última corporación podrán ser postulados a cargos de elección popular. La historia no se equivoca: los militares gobernando dejan como única herencia siniestra, la represión. Y sientan las bases para un eventual Golpe de Estado.

En los países auténticamente democráticos o en vías de serlo, se soslaya la intervención de las fuerzas castrenses en asuntos centrales de la agenda pública. Esa lección se entendió cuando Manuel Ávila Camacho se erigió como el último de los generales militares que se encumbró como presidente del país en 1940. Y en aras de relevar a su hermano, el también general Maximino Ávila Camacho utilizó de todo lo que estuviera a su alcance para llegar como presidente del país. Incluido el crimen. Un fulminante infarto al corazón se lo impidió y abrió la puerta al primer presidente civil encarnado en la figura de Miguel Alemán Valdés, quien ya había sido amenazado por el propio Maximino. Con esta inédita “apertura democrática” los militares parecen estar en la vía de regresar por sus fueros perdidos. Y sí: significa un retroceso para la vida pública de todo el país.

HOJEADAS DE PÁGINAS. – En todo un espectáculo de vodevil se convirtió la solicitud hecha por la fiscalía general del estado (FGE) para desaforar a un alcalde del cual nunca se conoció su nombre. Y la opinión pública se mantuvo literalmente, en ascuas. El presidente de la Comisión Instructora del Congreso local, Arturo Álvarez Angli del PVEM, salió orondo a justificar una risible y hasta cómica acción que, en los hechos, nunca se emprendió. Álvarez Angli tampoco puede con el desahogo de pruebas contra la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez. Y menos podrá ahora que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), le hizo válido el amparo que la edil porteña tramitó. El legislador del Verde se consagra así, como un personaje al que le encanta promover las verdades a medias.