Para poder hablar de la corrupción en México se requiere, más que una buena dosis, una enorme cantidad de cinismo. De otra manera se corre el peligro de no llegar a conclusiones válidas para el estudio del fenómeno enraizado profundamente en todas las instituciones. Unos por omisión, otros por comisión, pero no hay quien se salve o pueda estar al margen de la epidemia que desde la época de la Colonia es uno de los flagelos que nos caracterizan como país.

Previamente aclaramos que ese flagelo no nos llegó del cielo, sino es una herencia de las metrópolis que nos conquistaron. Aunque, a decir verdad, aquí y en otros países de Latinoamérica se llevó a su máxima expresión. Si deseamos ser francos y, al mismo tiempo, cínicos, podemos afirmar que México es un buen sinónimo de corrupción. Quién no recuerda que, hace doce años antes de las elecciones presidenciales, una de las banderas que enarboló el Partido Acción Nacional fue precisamente su lucha anticorrupción, la que al fin de cuentas resultó un rotundo fracaso. En esta ocasión comentaremos de la corrupción en los actores de la justicia en México: los agentes del Ministerio Público, los jueces, los magistrados y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; pero específicamente del caso de la francesa secuestradora, Florence Cassez, de la banda de secuestradores Los Zodiaco, que lideraba su pareja sentimental, Israel Vallarta, a quien conoció cuando llegó a México en el 2003 y junto a quien cometió varios secuestros. Ella fue totalmente identificada por las víctimas. Recuerdo un testimonio de hace años en un programa de televisión, cuando una mujer víctima de esta pareja relataba que Israel Vallarta la violaba frente a Florence, y ésta, molesta y celosa, le gritaba que dejara de hacerlo, pues de otra manera ella la torturaría, y terminaba torturándola por el enojo. Sería interesante que a un familiar, esposa o hija, de este ministro Arturo Zaldívar le hubiese sucedido algo similar; seguramente no hubiese actuado de esta manera. El proyecto del ministro Zaldívar propone otorgar el amparo y ordenar la inmediata y absoluta libertad a Florence Cassez, ciudadana francesa acusada y sentenciada por secuestro. En su proyecto señala que, al ser Cassez extranjera, se violó su derecho a la notificación, contacto y asistencia consular. Le quiero recordar al ministro Zaldívar que desde que Estados Unidos reactivó la pena de muerte en su territorio, en total son 10 los connacionales que han muerto en la silla eléctrica o con inyección letal. El primero, en 1926, y su nombre fue Agapito Rueda, un mexicano de 29 años; el último, en el 2011, Humberto Leal García, acusado de violación y asesinato de una joven de 16 años. Hasta Barak Obama pidió el indulto, y ni así le perdonaron la vida. La lista puede aumentar, pues hasta ahora se sabe de 39 mexicanos más condenados a la pena capital, y a ninguno de ellos les han otorgado apoyo consular; pero eso es en otro país y con autoridades y ministros diferentes, no en México, con ministros corruptos que anteponen los puntos y las comas en un juicio a las conductas asesinas de los criminales, porque seguramente reciben una cantidad millonaria en dólares o en francos para actuar de esta manera. Este caso ha sido motivo de roces diplomáticos que incluso hace unos años llevaron a la cancelación de las celebraciones que se dedicarían a nuestro país en París. Se sabe que el mandatario francés saliente, Nicolas Zarkosy, varias veces ha tomado el teléfono para comunicarse hasta el penal donde se encuentra presa Cassez para procurar su situación y ha declarado en más de una ocasión su descontento con la detención y sentencia, obvio, en una agresiva campaña para su reelección como presidente de Francia, en un proceso cuya primera vuelta se llevará a cabo el 22 de abril, y la segunda, entre los dos que lleguen a la cabeza, el 6 de mayo. Ojalá que este caso quede al descubierto, al igual que el del ministro Díaz Infante, uno de los procesos de corrupción más escandalosos en la historia del Poder Judicial de la Federación y que quedó impune ya que la muerte lo alcanzó en su casa cuando esperaba ser sentenciado por segunda ocasión en el Juzgado Tercero de Distrito de la ciudad de México, debido a su responsabilidad en los delitos de cohecho y contra la administración de la justicia. En 2003, el impartidor de justicia fue condenado a 8 años y 6 meses de prisión tras haber sido declarado penalmente responsable de recibir un soborno de 500 mil dólares y de presionar a dos magistrados de circuito para que dejaran en libertad al empresario Alejandro Braun, El Chacal de Acapulco, quien en 1986 violó y asesinó a la niña Merle Yuridia Mondain en Acapulco. Sirva este ejemplo para recordar a los 11 ministros del pleno de la Suprema Corte de Justicia que atraigan y discutan el caso, y no sólo los 5 de la primera sala, que escuchen a las familias y a las víctimas que gritan y exigen justicia, y ya no permitamos que los organismos mexicanos del poder político y judicial nos tengan hasta la médula, pues se colapsaría el país antes de darle un rasguño a las estructuras que sirven de sostén de nuestras corruptas instituciones, desde la "sacrosanta" Suprema Corte de Justicia de la Nación hasta la más modesta mesa del Ministerio Público. Los mexicanos estamos hartos y exigimos un cambio para que México y su sistema judicial dejen de encarcelar a claros inocentes y permitan la libertad a claros culpables.