Tales imputaciones salieron a relucir durante la marcha que realizaron en la capital del estado el pasado 5 de Enero los corifeos y aplaudidores del gobierno estatal, mostrando con ello su intolerancia primitiva y los usos y abusos de estas acciones que se creían en desuso en estos nuevos tiempos de apertura y democracia.
La marcha, más que aspirar a una real paz social, solo ha contribuido a ponerle sal a las heridas abiertas por la irresponsable acción de las autoridades policiacas federales y estatales que enturbiaron en forma abrupta un gobierno estatal que estaba haciendo esfuerzos desmedidos por enraizarse en esta enfrentada y confrontada sociedad guerrerense.
El gobernador Ángel Aguirre Rivero ha hecho lo debido frente a este suceso lamentable e indigno y ha dado la cara y las explicaciones a su alcance para mostrarse como el principal interesado de que los hechos se aclaren y se sancione a los culpables.
Esta actitud no ha sido secundada por sus colaboradores y sus ex colaboradores, sino que han hecho todo lo contrario, o sea, el tratar de revolverlo todo y confundir para salir bien librados.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha dado a conocer que el próximo lunes presentará ante la opinión pública sus conclusiones preliminares sobre los sucesos trágicos del 12 de Diciembre del 2011, donde adelanta, habrá señalamientos respecto a los culpables materiales e intelectuales y extrañamientos a las autoridades que por acción u omisión no pudieron impedir que se registraran tales eventos.
La marcha del jueves pasado no solo fue un exceso por parte de los organizadores sino un exabrupto en sus demandas, puesto que hechos mas complicados y sangrientos se han registrado en la capital del estado y los manifestantes de ahora no abrieron la boca y menos caminaron con pancartas para expresar su repudio, pero en forma oportunista lo han hecho en contra de estudiantes normalistas que han sido víctima de la barbarie policiaca y hasta han solicitado el cierre de la institución educativa, lo cual no es solo gravoso para esta entidad sumida en la miseria y el analfabetismo sino manejada y manipulada por fuerzas oscuras de la mas baja ralea.
Esa sociedad que se manifestó contra los estudiantes debería manifestarse en contra de la proliferación de los antros de vicio que han inundado su pequeña ciudad y donde se ha desbordado el comercio y tráfico de estupefacientes y por consecuencia se han registrado múltiples hechos violentos, mucho más espeluznante y trágicos que los ocurridos el pasado 12 de Diciembre.
Y mientras la alharaca da sus frutos y los consejeros gubernamentales dan palos de ciego, nadie sabe todavía quiénes son los verdaderos responsables del asesinato de los estudiantes de la normal de Ayotzinapa.
¿Fueron ministeriales al mando de la Procuraduría General de Justicia del Estado; fueron policías estatales pertenecientes a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil; fueron policías municipales del Ayuntamiento de Chilpancingo o fueron los policías federales destacamentados en la capital cuando ocurrieron los hechos?
Si se llega a conocer quiénes fueron los asesinos de los estudiantes, entonces se podría colegir que los mandos superiores tienen responsabilidad legal que tendrán que enfrentar en su momento. Por ello, tanta alharaca y tanto ruido no se comprende pues todavía no hay a la vista culpables e inocentes.
No le favorece al gobernador Aguirre esta clase de ayuda, pues no se puede acusar a las víctimas de ser culpables y mucho menos que los corifeos vayan en sentido contrario de la autoridad, puesto que el propio gobernador ha dicho y retirado que él no está a favor del cierre de la normal de Ayotzinapa, por lo tanto la pregunta es inminente: ¿a quiénes conviene seguir atizando el fuego contra los normalistas? ¿Es un Complot amigo?
Lo mejor que podría ocurrir en estos días, antes de que se conozca el resultado de las indagatorias hechas por la CNDH, es que los mando policiacos estén a resguardo, que los involucrados estén a la vista y no vayan a pretender huir y que se continúe realizando el trabajo de gobierno para atraer a la mesa de diálogo a los normalistas afín de que sus demandas sean debidamente canalizadas y que en forma abierta y contundente se les haga saber en lo que el gobierno estatal puede ayudarlos con los recursos que tiene a la mano y las demandas que deberá canalizar a instancias federales para que en esas instancias se les resuelvan.
Deslindar responsabilidades de gobierno no es un pecado, es más bien, una actitud de responsabilidad política y social.
Lo que el gobernador Aguirre debe hacer ahora, es limpiar la casa y poner a cada uno a trabajar a tiempo completo sin descuidar sus deberes por cuestiones electorales. Eso sería lo más sensato para no pasar de nueva cuenta por estos hechos que lamentablemente se dieron por la falta de prudencia y tolerancia de algunos mandos medios y altos de su gobierno.
Las marchas oportunistas no le hacen ningún bien, más bien diría, le hacen un ‘flaco favor’.
Periodista y Analista Político*
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