Por Noé Mondragón Norato   Foto: https://surdigital.com.mx/

El ambiente informativo se enrareció en el valle de Iguala. La pugna por los territorios entre los remanentes delictivos de los Guerreros Unidos y el grupo irruptor conocido como Los Tlacos, ha teñido de sangre las calles de la emblemática Cuna de la Bandera Nacional. Y esa guerra alcanzó de manera preponderante a periodistas y medios de comunicación. Lo acaba de refrendar el crimen a mansalva del reportero veracruzano, Pablo Morrugares Parraguirre. Lo confirma el ataque a balazos 48 horas después de cometido, a las instalaciones del Diario de Iguala. Es como si los mensajes macabros fueran directos contra variables informativas que descubren inevitablemente, pasajes de esas cruentas escaramuzas violentas entre bandas rivales. Hay ingredientes incluso, que están fermentando la posibilidad de más ataques contra medios y periodistas de ese municipio de la región Norte de Guerrero.

PRENSA ASESINADA Y ASEDIADA. – Las garantías a la libre expresión informativa y de las ideas, no son un obsequio o generosa concesión de los gobiernos del presente: fueron ganadas a costa de sudor, sangre, esfuerzo, sacrificios, represión, homicidios y lágrimas de miles de periodistas y comunicadores del país que las padecieron. Esas libertades se instalaron como requisito democrático para lograr la consolidación del México actual. No hay forma de entender el desarrollo sostenido de una nación o de un estado, si su prensa y sus periodistas son asediados y asesinados por su forma de escribir o de pensar. Significa un retroceso en la vida pública. Un retorno al pasado de las intolerancias, los autoritarismos y los salvajismos que ya se creen superados. Que la prensa ha cometido excesos. De acuerdo. Que los periodistas pierden muchas veces la objetividad al privilegiar sus intereses y percibir al periodismo como negocio. Es reiterativo. Pero no se trata de justificar vicios ni corruptelas informativas. Ryszard Kapuscinski —uno de los más respetados periodistas del mundo— señalaba que «las malas personas no pueden ser buenos periodistas». Y esto cuaja si en el trayecto informativo se zanjan cuando menos dos cosas: se rompe con la cultura del silencio y el sometimiento. Y se enfoca el periodismo a la vereda que conduzca hacia los cambios. Pero en el municipio de Iguala impera la sinrazón. En cuando menos dos pistas:

1.- En el gobierno estatal se reconoce que, en aquel municipio, ejercer el periodismo se ha convertido en una actividad de alto riesgo. Y tras el crimen del reportero Pablo Morrugares, hay indicios que apuntan hacia las eventuales agresiones contra otros comunicadores de aquella región. Resalta en este sentido, el nombre de Julio César Zubillaga Ríos, director del rotativo Diario de la Tarde, cuya línea informativa se ha enfocado a cubrir eventos relacionados con crímenes y ejecuciones atribuidos a los dos grupos delictivos que se disputan el territorio. Y que otros medios impresos de aquella región, no documentan. El solo hecho de cubrir la narrativa de estos hechos noticiosos desagradables, lo ha puesto en la mira de amenazas anónimas. Y las amenazas, como en el caso de Pablo, se cumplen.

2.- Ni en el gobierno estatal de Héctor Astudillo, ni en la Fiscalía General del Estado de Jorge Zuriel de los Santos ni en la alcaldía municipal de Iguala presidida por el morenista, Antonio Jaimes Herrera, existe una estrategia integral, rentable y a fondo para contener la ola de violencia y amenazas contra los periodistas. Predomina en todo caso, la cultura de la condena mediática oficial con el fin de poner a resguardo los momentos de crisis de esta naturaleza; pero se deja de soslayo deliberadamente, las investigaciones orientadas a poner fin a la impunidad. En otro plano queda la necesaria intervención presidencial que no ha ocurrido. La promesa del cambio no solo debería quedarse en acabar con la corrupción en el discurso, sino garantizar y fortalecer el esquema de las libertades públicas en todo el país. El presidente AMLO no debe hacer oídos sordos a este reclamo. No es justo. Ni propio de quien ha condenado reiteradamente, las injusticias, la violencia y la impunidad.

HOJEADAS DE PÁGINAS…El diputado federal del Morena por el distrito ocho, Rubén Cayetano García, se le está atravesando feamente a su compañero de partido y delegado federal en Guerrero, Pablo Amílcar Sandoval. Impele a su hermana y secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, para que actúe contra su consanguíneo por el uso de programas sociales para promocionarse como aspirante a gobernador. Pero Irma —dixit Carlos Salinas de Gortari—, ni lo ve, ni lo oye.