La crisis de credibilidad del Congreso de Guerrero alimentada por la ausencia de conciencia política de los propios diputados locales, trascendió a nivel nacional luego de que abogados de más de doscientas organizaciones de migrantes guerrerenses radicados en USA, presentaron hoy un recurso de impugnación constitucional ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, (TEPJF), por la cerrazón de los legisladores para validar la figura del diputado migrante.

La inconformidad convertida en proceso legal, exhibe el fracaso de la agenda legislativa guerrerense en cuanto a servir de instrumento armonizador de la gobernabilidad, para terminar como un argumento conculcador de los derechos políticos de más de dos millones de guerrerenses establecidos en la geografía del país del norte que contribuyen al estado con más de 34 mil millones de pesos al año.

La decisión de recurrir al TEPDJ fue anunciada desde Chicago, Illinois, en video conferencia ofrecida por Erasmo Salgado, Coordinador General de Clubes Unidos Guerrerenses del Medio Oeste, quien representa un aproximado de 127 organizaciones de paisanos y por Manuel Martínez Santamaría, ex presidente de la Federación de Guerrerenses en Chicago y activista de los derechos pro migrantes desde hace poco más de treinta años.

Por lo pronto, el recurso legal recibido en el TEPJF hace obvia la ausencia de diálogo entre los integrantes de la LIII legislatura local y la estructura representativa de los guerrerenses en la Unión americana. 

De hecho, Erasmo Salgado refirió que ningún diputado ha establecido contacto con su organización durante los veinte meses que lleva en funciones el Congreso actual; -el diputado presidente de la Comisión de Atención a Migrantes, Moisés Reyes Sandoval  se comunicó conmigo apenas el lunes pasado para decirme que los diputados de Morena tenían la mayoría en la Cámara e iban a votar en contra de la inclusión del diputado migrante en las elecciones del 2021.

La explicación de Reyes Sandoval fue que la propuesta migrante resulta improcedente debido a que ningún partido político en Guerrero dispone de recursos económicos para organizar un mecanismo selector de candidatos migrantes, por lo que el debate sobre la reglamentación de esa figura contemplada ya en la Constitución local, los postergaron hasta la siguiente legislatura.

Lo paradójico del desencuentro entre los diputados y migrantes, se localiza en el contexto histórico de la relación celebrada por la familia Sandoval con los grupos de paisanos en Estados Unidos. Mientras que Cuauhtémoc Sandoval Ramírez, (DEP), desplegó durante veinte años una cruzada tanto a su paso por el Senado y el Congreso federal como en foros e instituciones internacionales, para otorgar personalidad política a los migrantes, su sobrino Moisés Reyes Sandoval demolió en pocos días una obra sustentada en tratados universales de derechos humanos.

Frente al cuestionamiento respecto a si su inconformidad contempla movilizaciones físicas de protesta, -bloqueos, manifestaciones, toma de instalaciones-, los líderes expresan preferencia por mantener el reclamo únicamente por la vía legal. Desde su perspectiva, hay espacio para confiar en el diálogo judicial.

En realidad, los migrantes apuestan a una salida civilizada ante al antecedente más próximo en la defensa de sus derechos frente a abusos de autoridad: en 2013 Manuel Matínez, Erasmo Salgado y el actual Secretario de los Migrantes en Guerrero, Fabián Morales Marchán, solicitaron al entonces gobernador Ángel Aguirre Rivero la reubicación directiva del Programa de Atención a Migrantes, luego de que el titular de Desarrollo Social, David Jiménez Rumbo ejerció acciones políticas agresivas contra las organizaciones de paisanos.

Aguirre Rivero comprobó que Jiménez Rumbo incurrió en excesos de poder y el manejo de esa área salió del control de Sedesol.

De ahí que Erasmo manifieste que todavía hay un pequeño reducto para que los diputados locales se sensibilicen.

Después de todo, el congreso local de por sí está enredado entre las patas de los caballos debido a su falta de cálculo para no prever la dimensión de daños derivados de la aprobación de la iniciativa que les permite reelegirse sin separarse del cargo, y cobrando su salario y gastos de gestoría y representación.

En el fondo, la impugnación de los guerrerenses en USA denominada Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano, genera cierta similitud con los recursos interpuestos por partidos para echar abajo la ampliación ilegal de dos a cinco años del Gobernador bajacaliforniano Javier Bonilla, y la inconformidad de migrantes de Ciudad de México en Estados Unidos a quienes se les había despojado de la diputación ya existente.

Al final de cuentas, en ambos casos, los acuerdos arbitrarios de las diputaciones locales fueron revertidos por el fallo de los magistrados federales.