Todo dio inicio porque ninguno de los once ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) obedeció la orden presidencial -léase AMLO- de “bajarse” los exorbitantes salarios de 700 mil pesos mensuales. El Presidente de la SCJN es el Ministro, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.
Provocaron la ira del presidente AMLO, y de sus cientos de miles de fans, peje zombis y los mal llamados “chairos”. Se desató una rabiosa campaña a través de las redes sociales en contra de ministros de la SCJN, a quienes se denostó hasta la ignominia que rayó en el insulto y la diatriba.
“Los ministros se enriquecen, liberan a secuestradores, ayudan a narcos, perdonan a sicarios, son facinerosos, es el poder (SCJN) más corrupto de México, es un lastre para el país, vividores, no quieren bajarse el sueldo… ¡Fuera!”, fueron las recriminaciones que cibernautas -fans de AMLO- les hicieron a los ministros de Poder Judicial de la Federación.
A menos de un año de haber asumido el cargo de presidente AMLO, sus relaciones con la SCJN son pésimas; porque los ministros no lo obedecen, no acatan sus órdenes, por aquello de los “equilibrios del poder” y porque ese cuerpo colegiado sirve de “contrapeso” al Poder Ejecutivo, porque está vigente el sistema presidencial, la república, hay democracia. Todavía no existe la dictadura en México… Hasta ahora.
LIBERAR SICARIOS, ¿VENGANZA?
Un Juez de Tamaulipas liberó en el inicio de esta semana a uno de los principales responsables de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa: Gildardo López Astudillo, más conocido como El Cabo Gil, quien era sujeto clave en el grupo Guerreros Unidos.
El abogado de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Vidulfo Rosales, manifestó que El Cabo Gil, “sabe perfectamente qué pasó la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre del 2014”.
En total, las autoridades lograron detener a 120 personas relacionadas con la captura, entrega y detención de los 43 normalistas de Ayotzinapa; de ese número poco más de 70 están vinculados al secuestro en agravio de los estudiantes; otros fueron detenidos indirectamente. De ese número -70- ya fueron liberados 44; o sea más de la mitad.
Pero más allá de que los ministros de la SCJN hayan o no acatado la orden presidencial de “bajarse sueldos”, seguidores del presidente AMLO, emprendieron rabiosa campaña de desprestigio contra todos los ministros y jueces federales del país, a quienes no sólo los injuriaron, acusaron y lincharon públicamente, sino que les infirieron daño moral y descrédito ante la sociedad. Los fanáticos de AMLO, hasta hicieron manifestaciones callejeras contra la SCJN.
Llama la atención con qué facilidad un juez -federal o local-, procede poner en libertad a uno de los implicados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa; un caso delicado pero que tiene graves consecuencias porque un sector de la ciudadanía reacciona negativamente en contra del jefe de las instituciones –AMLO-, quien durante su primer informe, dijo: “No descansaré hasta saber el paradero de los 43”. Horas después, el Cabo Gil era liberado. Fue un golpe letal contra AMLO.
Todos los ministros de la SCJN y los jueces son de carne y hueso, sienten; reaccionan a una acción, negativa o positiva. ¿Acaso el presidente AMLO y sus seguidores -fans, peje zombis y chairos-, creen que los togados no iban a reaccionar ante la rabiosa campaña que se desató en su contra, a través de las redes sociales?
Tremendo conflicto se generó tras la libertad del Cabo Gil, porque tal acción provoca descrédito no sólo al sistema judicial sino a todo el aparato de gobierno, principalmente al llamado “jefe de las instituciones del país”, en este caso al presidente AMLO, quien recibió bofetada en pleno rostro con guante blanco, de la SCJN, su contrapeso y que sirve de “equilibrio institucional”.
Patético es el rostro del presidente AMLO, durante su conferencia mañanera del pasado miércoles 4 al darse a conocer la liberación del Cabo Gil, en compañía del Subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, encargado del caso Ayotzinapa.
Apesumbrado, el presidente AMLO, sólo se limitó a decir: “La liberación de El Gil, presunto implicado en la desaparición de los 43 normalistas, deber ameritar una investigación a fondo, de la FGR y del Poder Judicial, y se presentará denuncia formal”.
En los diferentes penales del país se encuentran alrededor de medio centenar de presuntos implicados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
La pregunta viene al caso: ¿Y qué ocurriría si en los próximos meses, semanas o días, los jueces, federales o del fuero común, acatando órdenes de arriba (ministros de la SCJN) deciden poner en libertad a más presuntos implicados en el caso Ayotzinapa? ¿Cuál sería la reacción de los padres de los 43, y de los organismos pro derechos humanos y los aliados de éstos?
Lo cierto es que da la impresión de que la SCJN, además de cobrar venganza contra el Poder Ejecutivo Federal, por los agravios inferidos contra ministros, tal parece que ambos poderes juegan a las fuercitas… A ver quién resulta ganador… Punto.
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