Generan amplia controversia y rechazo el nombramiento de los coordinadores estatales. 

 

La decisión del ahora presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, que mayores controversias y rechazos ha provocado en el ámbito nacional, es la de mandar a todos los estados un coordinador estatal que sustituirá a las delegaciones federales que existen en la actualidad y que por lo mismo, operará todos los programas y las obras que la federación destine a las entidades federativas, con lo que crea la figura de un súper delegado que tendría tanto o más poder que el gobernador constitucional, que fue electo en las urnas y que por lo mismo representa la soberanía estatal y la voluntad mayoritaria de sus habitantes.

Esos coordinadores estatales no serán funcionarios elegidos en la entidad en la    que serán impuestos, ya que salen del dedazo o la voluntad omnímoda del nuevo presidente, lo que representa una actitud que contraría el pacto federal y representa una falta de respeto y hasta una agresión para los habitantes y las autoridades de todas las entidades federativas.

López Obrador (¿Ya no podemos llamarlo El Peje?) ha insistido en que su lucha fundamental será contra la corrupción y a favor de la democracia, pero esa decisión de imponerles “virreyes” o jefes políticos, como todos los han calificado, a los gobernadores, es profundamente autoritario y necesariamente antidemocrático, propio de un régimen que busca el control total de la política y la economía nacionales.

Igualmente, se presta a fomentar la corrupción, porque acumular poder, recursos y decisiones en una sola persona, se presta a incrementar la corrupción, porque con el poder absoluto se logra la corrupción absoluta.

Ya se ve que varios de los coordinadores que piensa nombrar o que ya lo hizo, no tienen la preparación ni la experiencia para una responsabilidad de tanta carga o incluso mandan a algunos estados a contrincantes políticos del mandatario en funciones o que está por iniciar su mandato.

Dos casos muy claro en ese sentido son los que se presentan en los estados de Guerrero y Jalisco, sólo para mencionar a los primeros, porque hay otras como Nuevo León, donde el rechazo es total.

ASTUDILLO SEÑALA QUE ESA RELACIÓN DEBE SER “SIN FANTOCHERÍAS Y SIN PREPOTENCIA”.

En Guerrero, por ejemplo, la propuesta del coordinador es Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, nieto de un luchador social ejemplar, como Pablo Sandoval, a quien el presunto coordinador en nada se le parece, ya que es una persona impreparada, con grados académicos no confirmados y con una actitud de confrontación, enfocado a descalificar a quienes no piensan como él, además que ahora suma el resentimiento de que le quitaron la diputación plurinominal que se había reservado, en el tercer lugar de la lista correspondiente y que como coordinador de la mayor bancada parlamentaria, le otorgaba también la presidencia de la Junta de Coordinación Política.

Su personalidad no es la de un político conciliador, que busque entendimientos y acuerdos para avanzar, sino todo lo contrario, por lo cual el gobernador Héctor Astudillo, que es un político de tiempo completo y con una amplia experiencia y conocimiento de la gubernatura estatal, manifestó que habrá se coordinarse con el representante presidencial, pero que eso debe darse “sin fantocherías y sin prepotencia”.

AL GOBERNADOR DE JALISCO LE IMPONEN A QUIEN FUE SU CONTRINCANTE EN LA PASADA ELECCIÓN.

En una situación más delicada ponen al nuevo gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, porque a él le quieren imponer como coordinador federal a quien fue su contrincante por la gubernatura en la elección reciente, por parte de Morena, a quien ahora quieren hacer una especie de gobernador paralelo, como son los coordinadores.

El gobernador de Chihuahua, el panista Javier Corral, advirtió que esos coordinadores podrían tratar de asumir facultades que hoy les corresponden a los estados, porque señala que hay el riesgo de que se quiera suplantar  la interlocución entre el gobierno federal y los gobernadores, para trastocar el federalismo, de ese modo  existe un claro riesgo de que quieran empezar mal.

De plano, Corral advirtió que no va a aceptar que se cancele el contacto entre el gobernador y el presidente, porque esa figura tendría más un rol político electoral, que como facilitadores entre las dos instancias de gobierno.

EL BRONCO ADVIERTE QUE SI SE MANTIENE ESA POLÍTICA PODRÍA ABANDONAR EL PACTO FISCAL.

El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, cuestionó la figura del coordinador, pero dijo que lo aceptaría sólo si representa más recursos federales para el estado.

Mandar un coordinador desde la presidencia, comentó, es como si el gobernador les dijera a los alcaldes: “te voy a mandar a un delegado para que maneje los recursos del estado en tu municipio. Y eso es ir contra todo el respeto a la soberanía de las autoridades locales establecidas”.

Incluso llegó a plantear El Bronco que si se impone esa mala propuesta “estaremos pensando en convocar a salirnos del pacto fiscal. Es una facultad que tengo como gobernador”, advirtió.

REALMENTE DEBE advertirse que esa imposición de coordinadores estatales es una decisión profundamente autoritaria y hasta arbitraria por parte del nuevo presidente de la nación, que hace ver su intención de asumir todo el control político del país y hasta el manejo de los fondos federales, que se integran con las aportaciones que salen de los estados por el cobro de los impuestos federales, pero que finalmente son estatales, aunque por ley la Secretaría de Hacienda los reciba, los maneje y los distribuya para las obras que federalmente se quieran hacer.

López Obrador recibió un gran apoyo de confianza de la ciudadanía, pero eso no lo autoriza para ignorar el pacto federal e imponerles condiciones arbitrarias a los estados, para convertirse en un presidente con la mayor fuerza posible, para quedar en condiciones de imponer sus condiciones y decisiones unipersonales.

Sería una presidencia con características totalitarias, situación inaceptable que el país había superado en gran parte.

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