BAJO FUEGO

Aunque no se ha hecho público, los resultados de una auditoría a Pensión Guerrero -uno de los más nobles programas de la administración estatal- registran inconsistencias que van desde irregularidades administrativas hasta un presunto desvío de más de tres millones de pesos.

La auditoría a las finanzas y operaciones de Pensión Guerrero  abarca el período de enero de 2010 a marzo de 2011.  Se trata, pues, de otra herencia del gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo.

La contraloría estatal que encabeza Julio César Hernández Martínez inició dicha revisión a la administración del Instituto Guerrerense para la Atención Integral de las Personas Adultas Mayores (IGATIPAM) a petición de su joven titular, Alejandro Arcos Catalán, quien solicitó la intervención precisamente para evitar que su gestión se confunda con la que le antecedió.

Una primera impresión de las irregularidades se puede observar a partir del dato primario de que el 62 por ciento del padrón resultó con observaciones de la contraloría por diferentes irregularidades, como el hecho de que muchas personas no cumplen con las condiciones formales para acceder al registro, condiciones que se sintetizan en ser mayor de 65 años, vivir en condiciones de pobreza extrema y no recibir ningún otro apoyo gubernamental.

De acuerdo con los resultados iniciales de la citada revisión, el programa Pensión Guerrero cuenta con un padrón real de 52 mil 057 beneficiarios, pero en el listado oficial que le entregaron a la nueva administración figuraban 50 mil 020 adultos mayores que reciben el beneficio gubernamental. Es decir, hay poco más de 2 mil beneficiarios fantasma en el citado padrón.

Ello, sin contar con que unas 900 personas que aparecen como beneficiarios en realidad son finados, mientras que otras 8 mil muestran inconsistencia con la edad -es decir, son personas que hacen los respectivos cobros cuando en realidad tienen edades que fluctúan entre los 41 y 64 años, fuera del rango establecido oficialmente-.

Según los datos obtenidos de fuentes extraoficiales, que se harán públicos en breve, como resultado de la auditoría se encontró que más de tres millones de pesos del ejercicio fiscal de 2010 se tipifican como “presunción de desvío”, dado que simplemente desaparecieron de la partida presupuestal, en tanto un millón 394 mil pesos registran diferencias inexplicables en su entrega -esto es, se les entregaban cheques rasurados a los supuestos destinatarios-, lo que de todos modos podría constituir un delito.

Es decir, son un total de casi cuatro millones y medio de pesos que de una forma u otra desaparecieron o no llegaron a sus destinatarios, y dado que el programa está destinado a paliar las penurias de ancianos guerrerenses en condiciones de pobreza extrema, esos desvíos constituyen verdaderos actos criminales.

El programa Pensión Guerrero cuenta con un presupuesto anual de 245 millones de pesos, de los cuales para el ejercicio de este año el (todavía) secretario de Finanzas, Jorge Salgado Leyva, descontó 5 millones de pesos que constituían el fondo para los gastos de operación del IGATIPAM, lo que deja al equipo directivo a cargo prácticamente sin dinero para moverse.

Salgado Leyva tuvo en días pasados un encontronazo con Arcos Catalán, quien le pedía información sobre el manejo de los recursos. De modo grosero, como acostumbra hacerlo con todo mundo desde que accedió al cargo, Salgado Leyva simplemente lo mandó al diablo. Ante la protesta fehaciente de Arcos, quien advirtió que se quejaría con el gobernador, el prepotente titular de Finanzas le contestó que le hiciera como quisiera, lo cual fue atestiguado por este reportero.

Jorge Salgado se subió a un ladrillo y se mareó.

Su hijo, el imberbe diputadito que pretende ser alcalde de Chilpancingo, le sigue los pasos a la perfección, al condicionar apoyos por lealtades extremas.

Parecen creer, padre e hijo, que el gobernador Ángel Aguirre les patrocinará su carrera política y sus latrocinios, como aquel que sigue sin ser explicado, en primicia ofrecida por Jorge Romero Rendón, quien develó los turbios manejos con la póliza de seguros contra desastres contratada por el inefable secretario de Finanzas por varios millones de dólares en los que, se presume, debe existir una jugosa comisión.

Ese ilícito descomunal debe ser investigado por la Contraloría y la Auditoría General del Estado, instituciones que en caso de que exista delito que perseguir, estarían obligadas a interponer la denuncia respectiva ante la Procuraduría General de Justicia.

Es aquí donde el joven contralor Hernández Martínez, el auditor Arturo Latabán y, desde luego, el procurador Alberto López Rosas, demostrarían su apego a la legalidad, a la congruencia y, sobre todo, la defensa de la legitimidad de un gobierno que arribó al poder arropado por el voto de una amplísima mayoría.

Si quienes detentan el poder no cumplen ni hacen cumplir la ley, entonces es claro que vivimos en pleno surrealismo político.

Aguirre está obligado a deponer a su secretario de Finanzas y transparentar el ejercicio del poder y de los recursos públicos.

Por eso es el gobernador ¿O no?