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Por Noé Mondragón Norato                             Foto: Facebook Noé M. Norato

El bajo perfil a sido su mejor máscara. Por eso la mayoría lo ven como un personaje sin futuro político. Desprendido de cargo en el gabinete del actual presidente AMLO, parece no encarnar peligro político alguno. Pero quienes lo conocen coinciden en lo afilado y agudo de su memoria. En su enorme capacidad para recordar rostros y circunstancias. Nombres y eventos.

Una misa celebrada los martes en una Iglesia de la Ciudad de México es el punto de reunión.

Ahí se deciden muchas cosas. Desde espaldarazos en algunas candidaturas a cargos de elección popular, hasta chacoteos y bromas improvisadas con interlocutores que no tendrán ninguna posibilidad de obtenerlas. Es la señal más fuerte para descartarlos. No hay más misas a las que asistir. El círculo se cierra. Pero si la puerta se abre, entonces acaban las bromas y los chistes. La siguiente cita es ya en su casa. Se formalizan tratos y se amarran acuerdos. Obligada la lectura de cartillas y condiciones que se deben cumplir. El agraciado sale sonriente de ese cónclave. Sabe que será candidato. Asegura su futuro político al menos por tres años. Otros repitieron hasta por otros tres bajo su sombra protectora. Y sigue operando.

OPERACIÓN SEXENAL SOTERRADA. – Desde que René Bejarano Martínez fue exhibido en un video a través de un programa televisivo el 3 de marzo de 2004, recibiendo gruesos fajos de billetes del empresario argentino Carlos Ahumada Kurtz −expareja sentimental de la controvertida Rosario Robles Berlanga, conocida por su preponderante papel en La Estafa Maestra de Peña Nieto−, pasó a un simulado retiro político. De hecho, fue a Rosario a quien culpó señalando que había recibido el dinero por órdenes de ella. Esta había concluido en 2003 su desempeño como dirigente nacional del PRD. Y por ese escándalo renunció a su militancia perredista en aquel 2004. Bejarano era a su vez, coordinador del PRD en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), pero por ese hecho fue desaforado y encarcelado en el Reclusorio Sur. En 2005 fue absuelto y liberado. Fundó en 2008 el Movimiento Nacional por la Esperanza. Pero el mote le quedó pegado de por vida: “El Señor de las Ligas”. Con todo, nunca dejó de operar para el actual presidente AMLO. Se lee así:

1.- Apenas el pasado 7 de septiembre, René Bejarano estuvo en Chilpancingo. Lo acompañó la edil saliente Norma Otilia Hernández Martínez. Y el diputado local Alfredo Sánchez Esquivel. A nadie pareció interesarle ese evento donde el propio Bejarano pidió la renuncia a la dirigencia estatal del Morena, del polémico Jacinto González Varona. Justificó alegando nulos resultados obtenidos en la pasada elección del 2 de junio por el también diputado local plurinominal reelecto. La alcaldesa Norma Otilia fue objeto de murmuraciones que llevaban jiribilla y desconocimiento sobre cómo se mueven en realidad, los resortes de la política: “se está apoyando en cadáveres políticos”, dijeron. Craso error. Porque Bejarano actúa de algún modo, como un emisario del propio presidente AMLO.

Y la señal, aunque difusa, se alcanza a percibir: a pesar de que fue renunciada como militante del Morena, la alcaldesa de Chilpancingo está siendo cobijada literalmente, por el presidente saliente. Y aunque AMLO roza el epílogo de su sexenio, la fuerza política que proyecta al interior del Morena es real. Si Norma Otilia estuvo presente en la misa de los martes en la Ciudad de México, se entiende que fue recibida después, en la casa del propio Bejarano, transfigurado ahora en el Señor Oscuro. Por eso mismo, la edil saliente ya anunció que no dejará de realizar activismo político.

2.- La fuerza política de René Bejarano en Guerrero no debe echarse en saco roto. Cuando menos dos diputados federales le deben su postulación. Y luego, su reelección: Rosario Merlín García. Y Carlos Sánchez Barrios. De acuerdo con datos de fuentes cercanas a ese personaje y filtradas a Lectura Política, Bejarano tendría el control político de al menos una cuarta parte de los diputados federales del Morena que integran el actual Congreso de la Unión. La explicación es simple: Bejarano nunca tuvo cargo alguno durante todo el sexenio de AMLO. Y, sin embargo, se mantuvo operando bajo las sombras. Cambió las ligas por los padrinazgos políticos soterrados. Y es dueño de una gigantesca biblioteca en la Ciudad de México que llena con facilidad, una de sus tantas casas. Personaje de letras, conoce bien la naturaleza ambiciosa de los hombres. Sus puntos débiles. Cómo usarlos y desecharlos. Teje con filigrana política. Es poderoso. Por eso, el espaldarazo político a Norma Otilia no debe desdeñarse.

HOJEADAS DE PÁGINAS…El dirigente estatal del Morena, Jacinto González Varona, acusa nerviosismo. No sólo por la arenga política reciente de René Bejarano, sino porque a su grupo nuñista ya se le está cayendo la presidencia de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Congreso local. Su propuesta era la continuidad en ese cargo, de la controversial Citlali Calixto Jiménez. Pero la mano la tiene desde siempre, Jesús Urióstegui García, cuadro político del senador Toro. Sin embargo y en ese afán morboso de buscar los reflectores mediáticos, Jacinto empujó para que la presea Sentimientos de la Nación −que será entregada el próximo viernes 13 en ceremonia oficial− fuera otorgada al extinto César Núñez Ramos, uno de los fundadores del Morena en Guerrero y padre político de la corriente nuñista. Qué tal.

Por Renato Consuegra

Ciudad de México, a 09 de septiembre de 2024.- Este miércoles es casi probable que la mayoría del partido en el Gobierno y sus aliados en el Senado de la República logren derribar el último contrapeso a su gobierno y el Poder Judicial sume una grave derrota política y mediática, debido a que, como a otros contrapesos constitucionales e institucionales, les falló la comunicación con la parte más amplia de la sociedad, mediante la cual lograría equilibrar esa disputa de poder.

Desde la llamada Mañanera, el titular del Poder Ejecutivo repitió una vez más este sábado 7 de septiembre, como lo hizo desde febrero pasado, que el culpable de la impunidad es el Poder Judicial y que los opositores “están ahí, tratando de frenar esta reforma que es indispensable porque tenemos que acabar con la puerta giratoria”. El término “puerta giratoria” en el ámbito penal se utiliza para criticar un sistema en el que, debido a debilidades legales, corrupción, falta de recursos o de procesos adecuados, los acusados (incluso aquellos que han sido arrestados múltiples veces) logran salir en libertad, a menudo reincidiendo en conductas delictivas.

En medio del debate sobre la Reforma Judicial impulsada por el Poder Ejecutivo con apoyo del Legislativo, surge una pregunta crucial: ¿es el Poder Judicial el verdadero responsable de la falta de castigo a los presuntos delincuentes? El gobierno apunta en esa dirección. Ha señalado con dureza al Poder Judicial como el principal responsable de la impunidad en nuestro país, sugiriendo que una reforma profunda es la solución para combatir la impunidad.

El Poder Judicial se quedó estupefacto ante las acusaciones y prácticamente nunca dijo, desde sus diferentes aparatos de comunicación, que este enfoque pasa por alto un aspecto fundamental del sistema de justicia que desafortunadamente la mayoría de los mexicanos desconoce o confunde, ya que el aparato de justicia está dividido. Y que existe una gran y enorme responsabilidad del Ministerio Público, que forma parte del Poder Ejecutivo, en la recopilación y presentación de pruebas para que los jueces hagan el trabajo de castigar a los responsables de delitos.

El Poder Judicial, encargado de impartir justicia, no actúa en el vacío. Para que los jueces puedan emitir sentencias condenatorias, primero deben contar con pruebas sólidas y casos bien fundamentados. Aquí es donde entra en juego el Ministerio Público, cuya misión es investigar los delitos, reunir pruebas y presentarlas de manera clara y convincente ante el tribunal. Sin embargo, cuando este proceso falla, las consecuencias recaen injustamente sobre los jueces, salvo sus excepciones, que también las hay, más no son generalizadas.

El Ministerio Público tiene un rol crucial en el proceso penal, ya que es el responsable de garantizar que las pruebas se obtengan y se preserven de manera adecuada. Esto incluye seguir procedimientos rigurosos que aseguren la cadena de custodia de las evidencias, evitando así que sean cuestionadas o invalidadas en el juicio. Si el Ministerio Público incumple con su labor, los jueces se ven obligados a absolver a los acusados por falta de pruebas contundentes, lo que alimenta la percepción de impunidad.

Además, el Ministerio Público debe asegurarse de que el debido proceso se respete en todo momento. Esto implica que las investigaciones se realicen de manera imparcial y transparente, y que se respeten los derechos de los acusados. Cuando el debido proceso es violado, ya sea por detenciones arbitrarias o por la manipulación de pruebas, los jueces no tienen otra opción que desestimar los casos, independientemente de la culpabilidad del acusado.

Una decisión judicial que no se basa en criterios técnicos o en pruebas contundentes, sino en percepciones subjetivas o sin el debido respaldo probatorio, puede calificarse como una decisión arbitraria o una decisión discrecional. Mucho menos un juez puede tomar decisiones basadas en conjeturas o interpretaciones sin el respaldo adecuado de las pruebas presentadas, como muchas ocasiones se ha impulsado desde La Mañanera.

La Reforma Judicial que propone el Ejecutivo podría parecer, a primera vista, una medida necesaria para fortalecer la justicia en el país. No obstante, al centrarse únicamente en el Poder Judicial y omitir las deficiencias del Ministerio Público, esta reforma se convierte en una maniobra política para desviar la atención de las verdaderas causas de la impunidad. En lugar de reforzar la justicia, podría debilitar aún más al Poder Judicial, al hacerlo responsable de problemas que no están completamente bajo su control.

Es esencial entender que el Ministerio Público, como parte del Poder Ejecutivo, está directamente bajo la influencia de las políticas y recursos asignados por el gobierno. Si el Ejecutivo no proporciona los recursos necesarios para llevar a cabo investigaciones exhaustivas y garantizar la capacitación continua de los fiscales, no importa cuántas reformas se implementen en el Poder Judicial; el problema de la impunidad persistirá.

Por lo tanto, cuando se habla de la falta de castigo a los presuntos delincuentes, no se puede ignorar la responsabilidad que recae sobre el Ministerio Público y, por ende, sobre el Poder Ejecutivo. Un sistema de justicia eficaz no se logra simplemente reformando un solo componente, sino asegurando que todos los actores involucrados cumplan con su función. El Ministerio Público debe ser fortalecido, dotado de recursos suficientes y supervisado para garantizar que las pruebas que presenta sean irrefutables.

La ciudadanía debe ser consciente de que la solución a la impunidad no reside únicamente en las reformas judiciales, sino en la eficiencia y transparencia del Ministerio Público. La presión pública debe dirigirse no sólo al Poder Judicial, sino también al Ejecutivo, para que asuma su responsabilidad en la lucha contra el crimen. Después de todo, los jueces pueden dictar sentencias justas solo si tienen todas las herramientas necesarias, y estas herramientas provienen, en gran medida, del trabajo que realiza el Ministerio Público.

En conclusión, la Reforma Judicial promovida por el Ejecutivo es un intento de debilitar al Poder Judicial en lugar de fortalecer el sistema de justicia en su conjunto. Para que los jueces puedan castigar efectivamente a los delincuentes de cualquier tipo de delito --sea penal, administrativo o financiero--, es imperativo que el Ministerio Público cumpla con su deber de manera eficaz. La verdadera solución a la impunidad no está en desviar la responsabilidad, sino en garantizar que todos los componentes del sistema de justicia, empezando por el Ministerio Público, funcionen en armonía y con los recursos necesarios para cumplir su misión.

En conclusión, es imprescindible que la ciudadanía y los medios de comunicación comprendan que la lucha contra la impunidad no depende únicamente de los jueces. El Ministerio Público, como brazo del Poder Ejecutivo, tiene una responsabilidad mayor en la investigación y presentación de pruebas. Para que los jueces puedan castigar a los delincuentes, primero deben recibir un caso bien fundamentado, lo que recae directamente en el Ministerio Público. Exigir justicia implica también demandar un Ministerio Público eficiente, capaz y comprometido, que permita al Poder Judicial actuar con todos los elementos necesarios para emitir una sentencia justa.