Chilpancingo, Gro., 02 de junio de 2017.- La diputada Rossana Agraz Ulloa presentó una iniciativa de decreto por el que el Estado adopta y asume los principios y valores de la Carta de la Tierra, como un marco ético para el desarrollo sustentable.

Con ello se permitirá armonizar las disposiciones locales con la Declaratoria Universal para sumarse a los objetivos de protección de la vitalidad, diversidad, belleza y característica de los pueblos que conforman la entidad, datos planteados por la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Humano y Ambiental.

La Carta de la Tierra es la construcción de una sociedad global justa, sostenible y pacífica que busca inspirar en todas las personas un nuevo sentido de interdependencia global y de responsabilidad compartida para el bienestar de la familia y la protección de la naturaleza.

La también presidenta de la Comisión de Recursos Naturales, Desarrollo Sustentable y Cambio Climático, dijo que al sumarse a los principios y valores de la Carta de la Tierra se podrá cumplir la función de orientar las políticas legislativas del país y el estado para actuar de conformidad con los principios éticos reconocidos universalmente.

Además, servirá como un instrumento que auxilie en el cumplimiento de nuevas obligaciones, incluyendo la materia de derechos humanos, basándose en el respeto de la tierra y la vida en toda su diversidad; proteger y restaurar la integridad de los sistemas ecológicos de la tierra, con especial preocupación por la diversidad biológica y los procesos naturales que sustentan la vida; erradicar la pobreza como un imperativo ético, social y ambiental; asegurar que las actividades e instituciones económicas promuevan el desarrollo humano de forma equitativa y sostenible; afirmar la igualdad y equidad de género como prerrequisitos para el desarrollo sostenible y asegurar el acceso universal a la educación; el cuidado de la salud y la oportunidad económica.

Fortalecer a las instituciones democráticas en todos los niveles y brindar transparencia y rendimiento de cuentas en la gobernabilidad; participación inclusiva en la toma de decisiones y acceso a la justicia; integrar en la educación formal y en el aprendizaje a lo largo de la vida las habilidades, el conocimiento y los valores necesarios para un modo de vida sostenible y promover una cultura de tolerancia, no violencia y paz.

La iniciativa de decreto por el que el Estado adopta y asume los principios y valores de la Carta de la Tierra, como un marco ético para el desarrollo sustentable, fue turnada a la Comisión de Recursos Naturales, Desarrollo Sustentable y de Cambio Climático para su análisis y dictaminación.