Chilpancingo, Gro., 17 de Mayo de 2017.- La diputada Erika Alcaraz Sosa propuso reformar la Constitución Política del Estado, para eliminar a los representantes populares federales y locales del catálogo de servidores públicos que deben separarse 90 días antes de la jornada electoral.

Y es que la diputada argumenta que la condición de representantes populares no implica inequidad en la contienda electoral, pues carecen de la utilización de recursos públicos o programas sociales.

En lo que fue la sesión de la Comisión Permanente, la diputada señaló que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se pronunció por que las normas que prevén los requisitos para acceder a un cargo público sean de excepción, y establece el catálogo de cualidades y calidades que un ciudadano debe reunir para aspirar, por lo que las mismas deben considerarse como limitativas o taxativas, y no enunciativas. 

“Eso significa que en caso de que un ciudadano cumpla con todos los requisitos que las normas electorales disponen, se encuentra en aptitud de postularse y en su oportunidad ejercer el encargo respectivo, sin que se puedan establecer mayores limitantes que aquellas que el legislador en ejercicio de su facultad para crear un orden jurídico determinó que eran indispensables para acceder al mismo, ya que admitir lo contrario se traduciría en el impedimento y obstrucción injustificada del derecho a ser votado”, agregó.

Además, en la misma iniciativa la diputada propuso que sea la Fiscalía General del Estado y no el Congreso local, la que designe directamente a los fiscales especializados, especiales y regionales, y sólo designe al titular de la Fiscalía de Delitos Electorales con las dos terceras partes de los miembros del Congreso.

En otro punto, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano presentó una iniciativa de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer que el delito de posesión ilegal de armas de fuego exclusivas para las fuerzas armadas se considere como grave.

Ambas iniciativas de reformas a la Constitución Política del Estado y de los Estados Unidos Mexicanos se turnaron a la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos para su análisis y emisión del dictamen correspondiente.