Chilpancingo, Gro., 15 de agosto de 2016.- Diputados del PT propusieron reformas para establecer que cuando el Ejecutivo Federal determine los planes y programas de estudio de la educación se considere la opinión de las entidades federativas y de los sectores sociales involucrados en ésta como los maestros y padres de familia.  

Los legisladores Jesús Martínez Martínez y Fredy García Guevara, plantean elevar a consideración del Congreso de la Unión la iniciativa de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que “México necesita mejorar su sistema educativo, que representa la mejor vía para la movilidad social, una vida democrática y el desarrollo económico del país”. 

Mencionaron que recientemente se aprobó la reforma educativa que se ha percibido como regresiva, punitiva y de control que lesiona los derechos laborales del docente y que no atiende algunos aspectos fundamentales del Sistema Educativo Nacional.

Añadieron que esta situación ha orillado que en varios Estados el magisterio se movilice en demanda de que sus conquistas laborables se respeten, ocasionado la protesta callejera, confrontación entre docentes y autoridades, perdida de clases, sustracción y quema de exámenes, amenazas contra evaluadores, agresiones físicas y psicológicas contra docentes evaluados, acciones o legales contra profesores de la CNTE y uso de la fuerza pública.

Por estas razones los legisladores se pronunciaron porque una  reforma Educativa sea producto de un amplio consenso social donde participen todos los actores involucrados para definir a la educación como una Política de Estado, se definan objetivos a corto, mediano y largo plazo, se establezca el compromiso de todos los niveles de gobierno de invertir en el sistema educativo.

También dijeron que una premisa básica de esta Reforma Educativa debe ser mantener el carácter laico y gratuito de la educación que se imparta en México, con oferta educativa suficiente, maestros debidamente remunerados y escuelas que reúnan las condiciones óptimas de operación, acompañado de un programa de becas económicas y alimenticias para los estudiantes.

Por eso, en la iniciativa que analiza la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos, piden al Congreso de la Unión que en un ánimo de contribuir a propiciar un clima de distención,  se hagan las reformas necesarias a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de educación.