Chilpancingo, Gro., 10 de enero de 2016. —El diputado Samuel Reséndiz Peñaloza, presentó una propuesta para exhortar al Ejecutivo Estatal para que se implementen acciones que protejan, custodien y preserven los archivos públicos que se encuentran en las dependencias gubernamentales que frecuentemente se encuentran en riesgo de ser destruidos por actos  vandálicos.

Lo anterior, debido a que Guerrero se encuentra dentro de los diez estados con mayores índices de inseguridad y uno de los cinco más violentos, registrando con frecuencia violaciones al orden público.

"Es importante que los titulares de las dependencias estatales sean responsables de custodiar y reconstruir los archivos, pero no lo hacen, puesto que incumplen con su obligación" señaló Reséndiz Peñaloza.

En la exposición de la propuesta, el legislador integrante de la bancada priísta, señala; que en la actualidad existe un deterioro político y social manifestando la falta de políticas públicas para prevenir, evitar, perseguir y castigar la violencia trayendo como consecuencia el fomento al desorden y el delito.

Por lo anterior, dijo que se debe trabajar en la transparencia de la información e informar a los guerrerenses que documentos han sido destruidos y cuáles son los mecanismos que la administración estatal implementa para rescatar, recuperar o reconstruirlos.

Agregó que de no establecer las medidas para mantener y custodiar los archivos que son considerados como patrimonio documental del estado se despoja a los ciudadanos de la certeza jurídica y violentan el derecho al acceso a la información.

Dijo que para cumplir con la Ley de Transparencia, cada unos de los sujetos obligados que integran el poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos, fondos públicos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba o ejerza recursos públicos que realicen actos de autoridad federal, estatal y municipal se comprometan a respaldar de manera física y electrónica cada uno de los archivos que generen.

La propuesta es analizada por la Comisión para la Atención del Acceso a la Información Pública, quedando como primera lectura para continuar con su trámite legislativo.