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La presidenta de la Comisión de Gobierno, Flor Añorve Ocampo, hizo entrega de uniformes al personal de seguridad del Poder Legislativo. Estuvo presente el director de administración, Joel Eugenio Flores  y la subadministradora María Elena Sánchez Hernández.

Chilpancingo, Gro., 05 de abril de 2016.— Para fortalecer el vínculo entre las instituciones de gobierno y la ciudadanía, la fracción parlamentaria del partido Movimiento Ciudadano propone la iniciativa de Ley para la Revocación del Mandato.

Dicha propuesta obligaría a funcionarios electos a rendir cuentas de la eficiencia y eficacia en el desempeño de su cargo. 

La iniciativa de ley presentada por los diputados Ricardo Mejía Berdeja, Silvano Blanco Deaquino y Magdalena Camacho Díaz, es con el fin de regular el sistema jurídico de la Ley para la Revocación del Mandato para que el gobernador, diputado local, presidente municipal o funcionario de ayuntamientos sea removido de su cargo.

La solicitud de revocación de mandato procederá una vez transcurrido nueve meses contando a partir del momento de la posesión al cargo.

Y durante el año que se celebre la renovación de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y ayuntamientos no se podrá realizar ningún procedimiento de revocación de mandato para los funcionarios que habrán de renovarse.

En tribuna, el diputado Ricardo Mejía informó que la iniciativa de ley tiene como fin contribuir a la consolidación de la vida democrática que es necesaria para evitar que se sigan manteniendo en el estado los gobiernos fallidos.

Argumentó que con la regulación del marco normativo se logrará que la sociedad sea más participativa y someta al escrutinio público el desempeño de sus gobernantes y determinar la continuidad o no de estos en su función pública.

Cabe mencionar que quien solicite la revocación de mandato deberá ser ciudadano en pleno ejercicio de sus derechos político- electorales, ser originario del estado, distrito o municipio y contar con el respaldo del 0.5 por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores de la demarcación territorial.

La iniciativa de ley fue turnada a las Comisiones Unidas de Justicia y de Participación Ciudadana para su análisis respectivo. 

La 61 Legislatura exhortó al Ejecutivo Estatal, para que analice y gestione ante las instancias correspondientes, la disminución de las tarifas en las casetas de cobro de los accesos de la Autopista del Sol, en el viaducto Metlapil y el Maxitunel.

La propuesta de los diputados César Landín Pineda y Héctor Vicario Castrejón, estima que las cuotas de estas vías “excesivas y contrarias a las políticas públicas de los tres órdenes de gobierno”.

Los legisladores coincidieron que las tarifas de 103 y 101 en el viaducto Metlapil y el Maxitúnel son las cuotas más elevadas de todo el país y por ello se deben reducir para evitar que repercuta en el sector turístico ya que son quienes aportan una derrama económica en el estado.

Reiteraron que seguirán trabajando para que se mantengan precios accesibles en los servicios porque es una manera de generar empleos permanentes y bien remunerados que detonará en el desarrollo del país y la entidad.

Propuestas 

El diputado J. Jesús Martínez Martínez presentó un exhorto a los tres órdenes de gobierno para que renueve el Convenio de Colaboración con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes siga coadyuvando en las indagatorias del caso Iguala- Ayotzinapa. El documento fue turnado a la Comisión de Derechos Humanos.

A las comisiones Unidas de Derechos Humanos, Seguridad Pública y Salud fue turnada la propuesta de acuerdo parlamentario para exhortar al secretario de gobernación, Miguel ángel Osorio Chong y al titular de Seguridad Pública del estado, Pedro Almazán Cervantes, para que se garanticen los servicios médicos, con recursos humanos, materiales, financieros, farmacéuticos e incluso psiquiátricos para atender a las personas que sufren de alguna enfermedad en los centros penitenciarios del país y el estado. La propuesta fue presentada por el diputado Ricardo Mejía Berdeja.

En otro punto, la diputada Ma. de Jesús Martínez Cisneros propuso exhortar al Ejecutivo Estatal y al secretario de Seguridad Pública para que implementen acciones de vinculación entre los Sistemas Normativos Indígenas y Sistema Jurídico Estatal para que se consideren los usos y costumbres y especificidades culturales para que se les reconozca su personalidad jurídica, la propuesta fue turnada a la Comisión de Seguridad Pública.

*Violaciones al derecho de acceso a la salud de reclusos, revela informe de la CNDH

Chilpancingo, Guerrero a 6 de abril de 2016.- Con base en el Informe “Derecho a la Protección de la Salud de las Personas Internas en Centros Penitenciarios de la República Mexicana” que la Comisión Nacional de los  Derechos Humanos remitiera al Congreso del Estado, el Diputado Ricardo Mejía Berdeja, a nombre de la Fracción Parlamentaria de Movimiento Ciudadano, presentó un punto de acuerdo parlamentario para que se atiendan las recomendaciones que en materia de salud en los centros penitenciarios formula la CNDH.

“Toda persona tiene derecho a la salud y a la protección de ella no obstante que se encuentre recluida” sostuvo Mejía Berdeja al plantear que los Centros de Readaptación Social de Chilpancingo, Acapulco e Iguala son objeto de la Recomendación 22 de la Comisión en donde se evidencia que tanto el Estado Mexicano como el Estado de Guerrero han violentado el derecho Constitucional de acceso a la salud de los internos.

Este martes, el Coordinador de la Fracción Parlamentaria manifestó que “en Movimiento Ciudadano consideramos necesario que la LXI Legislatura de este Congreso exhorte tanto al Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong como al Gral. Pedro Almazán, Secretario de Seguridad Pública de nuestro Estado ya que es ésta última la responsable de la administración del sistema penitenciario en nuestra entidad” dijo.

En su informe, la CNDH indica que tanto el Estado Mexicano como Guerrero son responsables de velar por el derecho de acceso a la salud a todas las personas recluidas. Deben garantizar, además, los servicios médicos con recursos humanos, materiales, financieros, farmacéuticos y psiquiátricos necesarios y suficientes.

Ricardo Mejía Berdeja solicitó que el acuerdo parlamentario se turne a las Comisiones de Derechos Humanos y Seguridad Pública para su análisis.