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Chilpancingo, Gro., 18 de Abril de 2017.- Diputados locales exhortaron al Ejecutivo estatal que instruya al secretario de Seguridad Pública para que junto con la Federación reevalúe la política pública en materia de seguridad y se realicen los cambios necesarios para garantizar a los guerrerenses un clima de paz y tranquilidad, con la disminución de los  índices delincuenciales.

Lo anterior, a propuesta del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, que manifestó que la seguridad pública se ha convertido en un problema latente que se acrecienta día con día en la entidad.

En el documento, leído por la diputada Eloísa Hernández Valle, se menciona que la responsabilidad de garantizar seguridad corresponde al estado y a la Federación, sin embargo, la ausencia de ésta tiene consecuencias graves que afectan a la educación, el desarrollo de las actividades productivas, la creación de empleos y, en general, el desarrollo económico y social de Guerrero.

Señalan que la delincuencia se está apoderando del sistema de vida y los guerrerenses son presas de poderes no reconocidos por el sistema social, lo que ocasiona una ruptura del contrato social y la colectividad general, donde la gran mayoría de los ciudadanos ya no confían en el sistema de gobierno.

El exhorto manifiesta que los índices delictivos van a la alza, ya que la semana pasada fueron víctimas de actos de violencia cuatro personajes de la vida política, dos que perdieron la vida y los otros privados de su libertad; el incendio a un establecimiento en Ixtapa-Zihuatanejo, entre otros hechos violentos.  

Por estas razones, los diputados consideran que es importante e imperativo que el Ejecutivo estatal realice un análisis de la política pública hasta ahora implementada en materia de seguridad pública, de manera crítica y con una visión social, no de intereses del grupo en el poder.

Asimismo, se exhortó al fiscal general del estado para que realice las investigaciones necesarias y se coordine, en su caso, con la Procuraduría General de la República, para que se castigue a quienes perpetraron los homicidios de Ambrosio Soto Duarte, Roger Arellano Sotelo, Octavio Arellano Eloísa, Modesto Carranza Catalán y del periodista Cecilio Pineda Brito, crímenes que no deben pasar a ser sólo una estadística más de asuntos sin resolver. 

Iniciativas 

A la Comisión de Justicia se turnó la iniciativa de Ley de Víctimas del Estado de Guerrero, enviada por el Ejecutivo estatal.

Asimismo, se turnó a la Comisión de Hacienda la iniciativa para derogar el artículo 132 de la Ley de Ingresos para el municipio de Acapulco para el ejercicio fiscal 2017, propuesta por los diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Acuerdos 

Por unanimidad, los diputados exhortaron al Ejecutivo federal que requiera a la Secretaría de Salud en la entidad que atienda con urgencia las necesidades médicas de las comunidades de La Montaña, de acuerdo a las cantidades asignadas en el Presupuesto del 2017, para el mejoramiento y equipamiento de algunos hospitales y centros de salud de dicha región.

El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano propuso exhortar los Secretarios de Gobernación y de la Defensa Nacional, así como al Comisionado Nacional de Seguridad del gobierno federal para que de forma coordinada y permanente realicen operativos en los municipios de Tierra Caliente para brindar seguridad a sus habitantes que han sido objeto de violencia por parte de la delincuencia organizada. 

Intervenciones  

Sobre los recientes incendios forestales que se han registrado en el Parque Nacional “El Veladero” de Acapulco, el diputado Eduardo Cueva Ruiz se pronunció por que se tenga una reforestación masiva de este lugar.

En otro punto, la diputada María de Jesús Cisneros Martínez se pronunció por que el secretario de la Juventud y la Niñez del Gobierno del Estado se abstenga de emitir comentarios que criminalicen a los jóvenes, luego de que el funcionario señalara que unos jóvenes asesinados estaban vinculados al narcotráfico.

El diputado Jesús Martínez Martínez condenó los asesinatos que se han registrado en la entidad en los últimos días contra integrantes de la clase política y sociedad civil, e hizo un llamado al gobierno estatal para que se revisen las políticas públicas en materia de seguridad, y al fiscal pidió que agote todas las líneas de investigación para dar con los responsables.

Segunda sesión

En una segunda sesión, quedó de primera lectura el Dictamen con Proyecto de Ley que Regula el Consumo y la Venta de Bebidas Alcohólicas en el Estado.

También se aprobó un exhorto al presidente municipal de Acapulco para que promueva la concientización ciudadana, para que no se arroje basura en las calles y se instrumente un programa emergente de limpieza de canales fluviales, ante la próxima temporada de lluvias. 

Chilpancingo, Gro., 17 de abril de 2017.- Para incluir sanciones procesales como “la caducidad”, que dé por extinguida la demanda intentada cuando el justiciable no haga promoción en un término de seis meses, se propone modificaciones al Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero.

La iniciativa de adición fue presentada por el diputado Raymundo García Gutiérrez, con el objeto de que la “caducidad” impida la prolongación de los juicios, dar seguridad jurídica a las partes promoventes de dicha demanda y evitar que los órganos jurisdiccionales se saturen con asuntos para dictaminar una sentencia.

Además, evitar que los procedimientos contenciosos administrativos continúen siendo largos y engorrosos, para que los entes de las administraciones públicas municipales y estatales realicen el pago de resoluciones acorde a la temporalidad del proceso.

Con la implementación de dichos términos legales, la parte promovente obligatoriamente requerirá incentivar al órgano jurisdiccional para que la administración de justicia sea pronta y expedita.

García Gutiérrez resaltó que en los procesos de demanda el promovente con frecuencia paraliza el juicio para impulsar la emisión de una sentencia, que es responsabilidad del despacho encargado, y adopta una conducta dolosa con la finalidad de que al momento de darse la resolución se condene al pago de prestaciones en mayor cantidad.

Ante tal situación, el Estado debe pagar la remuneración diaria ordinaria al demandante, así como las retribuciones, compensaciones o cualquier otro concepto que percibía el servidor público. 

Por ello, el legislador de extracción perredista presentó la iniciativa de reforma al Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, para evitar que los procesos de demanda causen graves daños a la hacienda pública municipal o estatal, al tener que liquidar en pagos millonarios por concepto de condena de prestaciones al demandante.