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Chilpancingo., 04 de julio de 2018.- El Congreso de Guerrero exhortó al Ejecutivo federal para que pida al gobierno de los Estados Unidos de América poner fin a las violaciones de los derechos humanos contra migrantes indocumentados sujetos a proceso de deportación.

La propuesta presentada por el diputado Mauricio Legarreta Martínez también exhorta al Ejecutivo federal para que instruya a la Secretaría de Relaciones Exteriores que a través de las Redes Consulares del Estado Mexicano en aquel país, vigilen  que en los albergues en que se encuentran retenidos menores de edad de nacionalidad mexicana, se implementen las acciones necesarias para la entrega de éstos a sus familiares o en su caso su repatriación de manera inmediata.

Resaltó que con la nueva política del gobierno de Estados Unidos, se ha retenido a aproximadamente 2,000 menores de edad, los cuales se encuentran en albergues de McCallen, Texas, encerrados en jaulas de metal, durmiendo en colchonetas y usando grandes láminas de papel aluminio para cubrirse al dormir, condiciones que pueden considerarse infrahumanas.

Legarreta Martínez dijo que es preocupante tal situación porque de acuerdo con el Tercer Informe del Sistema Continuo de Reportes sobre Migración Internacional en las Américas (SICREMI), emitido en el año 2015, México es considerado uno de los países de América latina con mayor número de migrantes, al estar ubicado en el cuarto lugar.

El también presidente de la Comisión de Atención a Migrantes dijo que para millones de familias la migración es la única alternativa de desarrollo, a consecuencia de la falta de oportunidades en su país de origen.

Sin embargo, al formar parte de la población migrante en Estados Unidos, las personas se enfrentan a la explotación laboral, tratos crueles y deshumanos, marginación, así como la discriminación, siendo esta última una de las prácticas más comunes por los nacionales del país vecino, así como por el gobierno en turno.

Ante la evidente vulneración de los derechos humanos de migrantes indocumentados por parte de las autoridades norteamericanas, el legislador integrante del Grupo Parlamentario del PVEM consideró necesario alzar la voz para exigir el cumplimiento de los derechos consagrados en diversos tratados internacionales en materia de Derechos Humanos suscritos por Estados Unidos de América.

El Diputado Eufemio Cesáreo Sánchez presentó una iniciativa para reformar el código penal del estado de guerrero y se considere como una agravante de los delitos de homicidio, amenazas y lesiones, cuando estos se cometan en contra de los trabajadores de los medios de comunicación.

Chilpancingo., 03 de julio de 2018.- Con la finalidad de incorporar en el Código Penal del Estado como una agravante en los delitos de homicidio, amenazas y lesiones cuando éstos se cometen en contra de trabajadores de los medios de comunicación y sus familias, el diputado Eufemio Cesáreo Sánchez propuso reformas a este ordenamiento.

En la sesión de este martes, el legislador expuso que actualmente en varios estados existen casos documentados de ataques y amenazas a periodistas y sus familias por parte de grupos de la delincuencia organizada y de la clase política.

Dijo que de acuerdo a cifras emitidas por la organización no gubernamental “Reporteros Sin Fronteras”, se estima que en México se han documentado 45 casos de agresión en contra de periodistas, llegando a considerarse al país como uno de los más peligrosos para ejercer esta labor.

El legislador manifestó que actualmente el Código Penal del Estado de Guerrero no contempla la regulación de conductas ilícitas cometidas en contra de los periodistas y sus familias, y que la protección que se ofrece a través de dichas leyes no ha resultado eficaz ni idónea para inhibir los delitos en contra de éstos. 

Por ello, propuso reformar dicho Código, para que si se demuestra que el delito fue perpetrado en contra de quien labore en un medio de comunicación, su cónyuge, sus parientes en línea directa o colateral hasta en cuarto grado, y que tuviera como finalidad obstaculizar o impedir el ejercicio de la libertad de expresión, o fuere en razón del desempeño de la labor periodística, se aumentará la penalidad hasta en un tercio del máximo de la pena prevista.

Además, que cuando el delito sea cometido por un servidor público en ejercicio de sus funciones, se aumente la pena hasta en una mitad de la sanción correspondiente a cada delito

La iniciativa se turnó a la Comisión de Justicia para su análisis y emisión del dictamen correspondiente.

También se turnó a la Comisión de Justicia el oficio enviado por el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Alberto López Celis, donde remite la iniciativa de reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Guerrero.

En otro punto, se dejó sin efecto las licencias por tiempo indefinido de Jesús Martínez Martínez, Beatriz Alarcón Adame, Eusebio González Rodríguez, Luis Justo Bautista, Ignacio Basilio García, Ricardo Moreno Arcos y César Landín Pineda, para reincorporse al cargo y funciones de diputados integrantes de la LXI Legislatura.

En una segunda sesión, se reincorporó también en sus funciones de diputados a Yuridia Melchor Sánchez, Flavia García García, Rosa Coral Mendoza Falcón, María De los Ángeles Salomón Galeana, María del Pilar Vadillo Ruiz y Adrián Granda Castro.

Y la reincorporación de Felícitas Muñiz Gómez, Aviud Rosas Ruiz y Javier Vázquez García como presidentes municipales de Mártir de Cuilapan, La Unión y San Luis Acatlán, respectivamente, así como a María Antonieta Guzmán Visairo como regidora del municipio de Acapulco.  

Además se aprobó la ratificación de entrada en funciones de Justino Altamirano Hernández al cargo de presidente municipal de Alpoyeca.

Acuerdos 

En tribuna, el diputado Mauricio Legarreta Martínez propuso exhortar al Ejecutivo federal para que instruya a la Secretaría de Relaciones Exteriores que solicite al gobierno de los Estados Unidos de América que ponga fin a las violaciones de los derechos humanos contra migrantes indocumentados sujetos a proceso de deportación.