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Chilpancingo, Gro., 13 de febrero de 2018.- La Comisión de Justicia del Congreso local analiza reformas a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios de Guerrero para hacer procedente la responsabilidad política de los servidores públicos que en ejercicio de sus funciones realicen actos, omisiones o prácticas sociales discriminatorias.

En la iniciativa en análisis se señala que dicho ordenamiento tiene como objetivo promover la presentación de acciones para la defensa del derecho a la no discriminación frente a las acciones del estado.

Lo anterior implica que no se debe permitir ningún tipo de discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, género, edad, discapacidades, condiciones de salud, estado civil, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen étnico o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición que anule o menoscabe los derechos y libertades de las personas.

Esto debido a que en la actualidad los servidores públicos realizan con frecuencia, en la función de sus deberes, prácticas sociales discriminatorias consideradas como graves, toda vez que atentan contra los derechos fundamentales de las personas en situación de vulnerabilidad, lo que les impide su plena inclusión en la sociedad en un marco de respeto, igualdad y equiparación de oportunidades.

La propuesta busca especificar dentro de la Ley Número 695 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios de Guerrero, que tanto las omisiones como las prácticas sociales discriminatorias cometidas por los servidores públicos en contra de personas que se encuentren en un contexto de vulnerabilidad, constituyen faltas graves, con lo que se puede hacer procedente la responsabilidad política.

Chilpancingo, Gro., 12 de febrero de 2018.- Para lograr una reducción sustancial de riesgo de desastres y pérdidas ocasionadas por éstos, en el Congreso local se analizan reformas a la Ley en la materia, para establecer estrategias focalizadas y adaptadas a las características de cada región, que mitiguen la vulnerabilidad de la población y defina una metodología para investigar, estudiar, medir y evaluar continuamente los peligros.

Esto luego de que en la Tercera Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Reducción del Riesgo de Desastres, realizada en Sendai, Japón, se acordó y adoptó el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, donde se precisa que los Estados deben adoptar medidas específicas en todos los sectores, en los planos local, nacional, regional y mundial.

En la iniciativa que se analiza se establece que es importante señalar que la gobernanza del riesgo de desastres es de gran relevancia para una gestión eficaz y eficiente del riesgo de desastres a todos los niveles. 

Señala que es necesario contar con objetivos claros, planes, competencia, directrices y coordinación en los sectores y entre ellos, así como con la participación de los actores pertinentes, acorde con lo señalado en el Plan de Acción Regional para la Implementación del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030 en las Américas. 

Por ello, dice que los Estados deben priorizar dentro de sus políticas públicas la prevención en materia de protección civil, fundamental para contener y minimizar los efectos negativos que la ocurrencia de desastres naturales puede llegar a generar, ya que se identifican tanto sus causas como sus efectos.

De esta manera, con dichos reformas se busca incorporar e integrar la reducción del riesgo de desastres en todos los sectores, examinar y promover la coherencia y posterior desarrollo, como corresponda, de los marcos nacionales y locales de las leyes, regulaciones y políticas públicas.