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Acapulco, Gro., 22 de junio de 2018.- Los trabajos de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia 2018, en su edición XXXIX, y como anfitrión Jorge Zuriel de los Santos Barrila, Fiscal de Guerrero, concluyeron con importantes y satisfactorios acuerdos en temas relevantes para el país, entre quienes integran la Asamblea Plenaria Fiscales, Procuradores y, por primera vez, delegados estatales de la Procuraduría General de la República (PGR).

De los acuerdos importantes la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia 2018, designó por primera vez un Vocero representado en el Fiscal General de Puebla, Víctor Antonio Carrancá Bourget, quien a nombre de la Asamblea leyó un documento destacando ocho mercados criminales que identifica PGR con mayor prioridad: delitos económicos y financieros, narcotráfico, lavado de activos, tráfico de armas, crimen organizado, delitos ambientales y contrabando y corrupción.

Asimismo, mediante un punto de acuerdo se pronunció ante las agresiones directas e indirectas en contra de precandidatos candidatos y funcionarios partidistas de las que un porcentaje importante -dijo- fue contra mujeres. 

Es por ello, las y los integrantes de la CNPJ envían un mensaje conjunto a la sociedad civil en el cual señala que, "las instituciones de procuración de justicia rechazan la violencia política y se comprometen a reforzar las acciones de investigación para lograr la persecución de los delitos". 

Específicamente indicó Carrancá Bourget, la violencia en contra de las mujeres, asumiendo el compromiso de reforzar las acciones de investigación y persecución de los delitos.

Formularon un atento exhorto a la ciudadanía para que denuncien y colaboren con seguridad en las investigaciones, en el esclarecimiento de los hechos y procesar a los acusados de verdad.

Por otro lado, con la asistencia del también Presidente de la Conferencia Nacional de Secretarios del Trabajo y titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Roberto Campa Cifrián, abordaron el tema de la protección de los derechos humanos de los jornaleros agrícolas y su seguridad en las condiciones de trabajo.

Finalmente, el portavoz oficial dijo que para las y los fiscales y procuradores es de suma importancia la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia 2018, ya que ello abona a la buscada homologación de criterios en beneficio de una procuración de justicia.

*Los trabajos iniciaron con la participación del Dr. Héctor Díaz Santana Castaños, Fiscal Especializado para la Atención de Delitos Electorales.

Cabe destacar que en el primer día de estos trabajos, los procuradores y fiscales de todo el país se pronunciaron en contra de la resolución del Tribunal Colegiado que ordenó la creación de la Comisión de la Verdad por el caso Iguala, e indicaron que dicho órgano se excedió en sus atribuciones.

Durante la 39 Asamblea plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, los encargados de la procuración de justicia en todas las entidades mencionaron que el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito con sede en Tamaulipas, no tiene esas facultades.

Al dar el posicionamiento, Víctor Antonio Carranca, fiscal general del estado de Puebla y vocero de la conferencia nacional de procuración de justicia, el tribunal vulneró el principio de supremacía Constitucional, el principio de reserva de ley, el principio de separación de poderes, y desborda los efectos que corresponden al juicio de amparo trastocando la esencia del ministerio público.

En tanto que conferencia de prensa, Alejandro Jaime Gómez Sánchez, fiscal general del Estado de México, mencionó que “hubo un exceso del Tribunal Colegiado en la resolución que toma, no tiene facultades constitucionales para ordenar la creación de una comisión de justicia y la verdad”, y será la Procuraduría General de la República la que determine si existe o no todavía un recurso.

Reiteró que un Tribunal Colegiado no es la autoridad facultada para determinar y coordinar una comisión de la verdad, ni tampoco puede, eventualmente, dar atribuciones de investigación a esa comisión.

“Como ha quedado señalado en el pronunciamiento, hay una afectación a todo el orden constitucional, el planteamiento que se está haciendo es que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, quien otorga facultades al ministerio público de manera exclusiva para la investigación y persecución de delitos”, agregó.

El 31 de mayo, el Tribunal Colegiado resolvió que la PGR no fue “pronta, efectiva, independiente ni imparcial” en la investigación por la desaparición de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, el 26 de septiembre de 2014.

Al resolver los amparos en revisión 203/2017 al 206/2017, el órgano del Poder Judicial de Federación determinó que hay indicios suficientes para presumir que las confesiones e imputaciones en contra de coinculpados, fueron obtenidas mediante tortura, por lo que concedió la protección de la justicia federal a los quejosos y pidió reponer el procedimiento.

Además, los magistrados puntualizaron que como no se cuenta con una fiscalía independiente, por lo que se determinó la creación de una Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia.