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Aunque el eje temático de la propuesta lopezobradorista es acaparado por asuntos de elevado impacto mediático –NAIM, derogación de reforma educativa, reglas radicales de austeridad y proyecto económico bilateral México-USA-, hace dos semanas el presidente electo emitió un mensaje que sin levantar tanta polvareda representa el comienzo de la desarticulación de un modelo que durante décadas ha mantenido a Guerrero en el rezago presupuestal educativo.

En un encuentro con los rectores del país integrados en la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, (ANUIES), en el que intercambio saludos y comentarios con el titular de la UAGro, Javier Saldaña Almazán, Andrés Manuel López Obrador anunció que el próximo primero de diciembre firmará un acuerdo con las universidades públicas y privadas para mejorar la educación superior.

Independientemente del simbolismo que guarda la firma de ese documento, ya que precisó hacerlo antes de rendir protesta como titular del Ejecutivo federal para subrayar la preferencia que merecerá la educación universitaria en el próximo sexenio, López Obrador indicó que a partir del 2019 la base para la asignación presupuestal a las universidades serán los recursos otorgados en 2018, a los que se sumará el impacto de la inflación, es decir, serán montos indexados.

De entre todos los discursos pronunciados en el encuentro con rectores, el espacio dedicado por Andrés Manuel al renglón financiero se interpretó como la respuesta a un reclamo generalizado manifestado por lo menos durante los últimos 30 años por los rectores, sin que hasta el momento hayan encontrado un interlocutor que alivie la crisis presupuestal que encaran la mayoría de instituciones universitarias, pero con mayor énfasis aquellas localizadas en estados pobres.

Prácticamente, desde la agudización de la crisis del 2008 y sus consecuentes ajustes anuales aplicados al presupuesto de egresos de la federación, los rubros mayormente castigados son los referentes al bienestar social, la educación y cultura. 

De ahí que cuando el presidente electo confió a los rectores tener bien claro que el problema más crítico al que se enfrentan las universidades es el raquítico financiamiento, los asistentes a la 28 reunión de la ANUIES percibieron lo que puede ser el primer paso para romper con visiones absolutistas de la educación superior, y establecer comunicación expedita con los funcionarios que se harán cargo del aparato público educativo.

La rigidez sobre la que se desplazaron los titulares de la SEP en el tramo 1988-2018, generó laberintos burocráticos en los que los rectores tardaban hasta un semestre para obtener respuesta a una petición de apoyo presupuestal.

En este contexto, un grupo de rectores prefirieran establecer la ruta se cabildear cada año en la Cámara de Diputados con el propósito de lograr que fueran los legisladores quienes etiquetaran los recursos requeridos para cumplir con programas educativos y compromisos salariales.

Por lo pronto, el caso UAGro es emblemático de la situación por la que atraviesan poco más de 15 casas de estudios superiores en el país: al finalizar el ciclo escolar 2017-2018, la Universidad Autónoma de Guerrero reportaba emergencia financiera debido al déficit de 180 millones de pesos que registra, a lo que se suma la falta de presupuesto para cubrir 40 mil horas por pagar a maestros.

Eso sin contar que el déficit presupuestal se ha reducido gradualmente, ya que al iniciar el periodo de Saldaña Almazán alcanzaba los 300 millones de pesos aproximadamente.

De hecho, una de las encrucijadas financieras de la UAGro se deriva de que la máxima casa de estudios de Guerrero tiene 600 mandos medios y superiores, entre ellos directores y subdirectores, que no tienen techo presupuestal. Y a ese rubro se agrega una plantilla de plazas administrativas que tampoco están consideradas por falta de presupuesto financiero.

La profundidad del problema financiero de la UAGro no termina ahí: la institución también carece de recursos para jubilar a 380 trabajadores que se encuentran en edad de abandonar el empleo. Para cumplir con este concepto se necesitan alrededor de 800 millones de pesos que no tiene la administración universitaria.

Las 380 solicitudes de universitarios con más de tres décadas de servicio, incluyen un reclamo del pago de 15 días de salario por año laborado, según sus condiciones contractuales. Es decir; un maestro con un salario promedio mínimo de 10 mil pesos quincenales en la UAGro, al momento de jubilarse estaría recibiendo más de 300 mil pesos sólo de esta compensación.

Otra de las encrucijadas financieras de la UAGro se deriva de que la máxima casa de estudios de Guerrero tiene 600 mandos medios y superiores, entre ellos directores y subdirectores, que no tienen techo presupuestal. Y a ese rubro se agrega una plantilla de plazas administrativas que tampoco están consideradas por falta de presupuesto financiero.

El problema es que esas limitaciones son apenas la punta del iceberg, y en consecuencia la administración de la UAGro dedicó el último bimestre a la elaboración de un diagnóstico financiero de todas las unidades académicas, para analizarlo con el próximo gobierno federal.

En cifras, la UAGro tiene 89 mil 189 estudiantes en el Nivel Medio y Superior; cuenta con 75 licenciaturas, 48 preparatorias y 29 posgrados de alta calidad reconocidos por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

En este año, la UAGro becó a 47 mil estudiantes en diversos programas para reducir los índices de deserción escolar; en materia de inclusión y multiculturalidad, la máxima casa de estudios suma a 10 mil estudiantes de origen indígena.

La universidad cuenta con 97 cuerpos académicos; 470 profesores con perfil deseable; 135 profesores miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y 350 docentes con maestría o doctorado.

Al final de cuentas, si se reconstruye el trato universidades-federación como lo proyectó López Obrador, se cumplirá aquello de que la política es lo que se ve y se palpa, no lo que se escucha. — con Omar Saldaña Almazán.

Hace nueve días, el alcalde de Acapulco, Evodio Velázquez Aguirre recibió la información de que ante el cierre de la Tesorería de la Secretaría de Hacienda como parte del protocolo del proceso de entrega-recepción, se le cerraban las posibilidades de obtener recursos extraordinarios federales; lo que lo colocó en una encrucijada legal pues con ese financiamiento proyectaba reponer los poco más de cincuenta millones de pesos que tomó de programas federales para poder cubrir la nómina municipal.

A esa circunstancia se sumó el hecho de que en una primera evaluación el equipo de Adela Román Ocampo, alcaldesa electa, llegó a la conclusión de que el gobierno saliente quedaba reprobado en todas sus áreas, por lo que se tornaba factible la aplicación de acciones legales tendientes a deslindar responsabilidades sobre el desastroso estado en que se recibirá el ayuntamiento.

De acuerdo a las primeras observaciones, el modelo de administración de Velázquez Aguirre abrió huecos financieros innecesarios al presupuesto municipal, por lo que Adela Román determinó desaparecer en cuanto asuma funciones las tres oficinas emblemáticas de la administración de Evodio, aquellas con las que presumió otorgar un toque de modernidad y evolución al gobierno local: Zonatur, Movilidad y Transporte y Asistencia Turística.

Los informes anteriores debieron haber prendido focos rojos en la oficina de Velázquez Aguirre, pues a partir de ahí comenzó, sin resultados, a tender puentes con el equipo de la alcaldesa electa, y al mismo tiempo buscó asesores de marketing político que se ocuparan de diseñar una estrategia para fortalecer mediáticamente su salida del gobierno.

El objetivo: diseñarle un traje estilo Vicente Fox, con el que generara la percepción de un presidente que cumplió pero al que se le colocaron múltiples obstáculos.

La campaña recibió el título “Ruta de aclaraciones”, y el punto de partida es un video en el que Evodio Velázquez manifiesta haber recibido menos recursos financieros de los gobiernos federal y estatal para atender el mantenimiento de Acapulco.

Por supuesto, si se someten a una evaluación real los resultados tangibles de la administración municipal saliente de Acapulco, la ruta de aclaración que anunció iniciar ayer el alcalde Evodio Velázquez Aguirre, no es más que una proyección del descomunal tamaño de su fracaso en prestación de servicios públicos, seguridad, transparencia administrativa y gobernabilidad.

La argumentación utilizada por Velázquez Aguirre en un video de aproximadamente 20 minutos para victimizarse, exhibe la razón sustancial por la que su gobierno no solo decepcionó a los acapulqueños, sino que en términos políticos se convirtió en el proyectil con el que su partido, el PRD, recibió el tiro de gracia en las pasadas elecciones.

El recurso de declararse víctima de un complot a 32 días de concluir su periodo gubernamental, en lugar de despejar dudas crea la certeza de que sus miedos son tan amplios por el estado real de la administración municipal, que hasta las estrategias se le acabaron; ya no tiene colaboradores a quienes echarles la culpa, los sistemas de distribución de agua potable, recolección de basura y alumbrado público, entre otros, están colapsados.

Para el ciudadano común, la serie de certificaciones, documentos y gráficas que exhibe en el video para justificar haber cumplido con la tarea, no representan nada debido a que los acumulamientos de desechos, la oscuridad en vialidades, la falta continua de agua potable y, particularmente, la ingobernabilidad, son escenario cotidiano en el municipio.

De hecho, antes de refugiarse en la interpretación de inocente perseguido, Evodio Velázquez intentó promover hace tres semanas la versión de que los ataques contra su administración provenían del grupo político de Ángel Aguirre Rivero, en un afán por disputarle la dirigencia estatal de su partido.

En realidad, el desmoronamiento del trienio de Evodio se localiza principalmente en el alto grado de corrupción que generó entre los ciudadanos el alcalde y su equipo más cercano de colaboradores.

Por lo pronto, en el video evade el tema de la corrupción y apenas refiere que la casa que habita en Joyas de Brisamar es rentada, pero no muestra ningún documento que compruebe esa definición. Presume haber presentado su declaración Tres por Tres pero se le olvida mencionar que bajo su manto protector se generó una nueva clase de funcionarios enriquecidos en la administración municipal.

Para el todavía presidente municipal, su gobierno ha sido de los mejores que ha tenido Acapulco y las protestas que hacen trabajadores a los que se les adeuda hasta tres quincenas, son producto de campañas políticas contra su persona.

Sin embargo, tampoco explica el porqué se sindicalizaron en fast-track poco más de un centenar de amigos y parientes de él y de integrantes de primer nivel en su gabinete.

Aclarar ese punto es simple; tan solo con hacer pública la lista de trabajadores basificados, se despejarían las versiones de que su oficina procedió ilegalmente en el tema.

Al final de cuentas, la estrategia aplicada por Evodio Velázquez no tiene nada de nuevo. En el año 64 de la era cristiana, Nerón, emperador omnipotente de Roma, ordenó incendiar una parte de la ciudad para desaparecer barrios que el monarca consideraba indeseables y en su lugar edificar una zona de recreo con palacios y jardines dignos de Roma.

Cuando el incendió se salía de control un grupo de nobles acudió a Nerón para exigir justicia y castigar ejemplarmente a los responsables de la catástrofe. Acosado por los dolientes y parte de sus oficiales, el emperador esquivó su responsabilidad y aconsejado por sus asesores sentenció: -la turba, los indeseables, ellos fueron los que provocaron el incendio. Vayan y ejecútenlos, ordenó a sus generales.

La milicia partió a cumplir la decisión, mientras Nerón tomaba su lira y plácidamente comenzó a entonar una canción en honor al incendio de Roma.

El problema para Evodio Velázquez es que quizá no está bien informado que al final de cuentas, la historia ubicó a Nerón como responsable del gran incendio de Roma.