MARQUELIA, Gro.- Si ninguna autoridad que vigile o sancione sin control alguno a las flotillas de pesca de altura procedentes de los estados del norte como Sinaloa, la pesca ribereña seguirá siendo arrasada en deterioro del equilibrio ecológico de la zona, cooperativas solicitan a la PROFEPA, Capitanía de Puerto y a la Armada de México su pronta intervención.

La pesca ribereña que se define como una actividad de extracción de recursos acuáticos ejecutada con embarcaciones menores que no cuentan con maquinaria de cubierta accionada con fuerza electromotriz para el auxilio de las operaciones de pesca, utilizan el hielo para la conservación del producto y tienen una autonomía en tiempo máxima de tres a cinco días no pueden competir con embarcaciones de mayor calado que si cuentan con todo el equipo mencionado anteriormente.

Y aun cuando el manejo de estas cooperativas pesqueras se ajusta a lo que establece la Ley de Pesca y Acuacultura Sustentables de 2007, las embarcaciones de pesca de altura violan lo conformando programas de ordenamiento pesquero y planes de manejo de pesquerías.

Por lo que pescadores ribereños que decidieron guardar el anonimato por miedo a represalias, atribuyeron la causa de la baja de productos pesquero a la depredación indiscriminada de los barcos foráneos que tiran cimbras tanto en las bahías como afuera de ellas.

Dijeron que de nada sirven los programas de ordenamiento que tienen como propósito regular y administrar las actividades pesqueras, si no los pescadores foráneos no las respetan reduciendo el aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros y acuícolas en una depredación histórica en sus niveles de extracción.

Como consecuencia los que nos dedicamos a la pesca ribereña tenemos que meternos mar adentro en embarcaciones que no son apropiadas para poder subsistir ante situaciones adversas, lo que es una total incongruencia.

La pesca ribereña está extinguiéndose, están condenando sus usos y potencialidades, su desarrollo, así como su capacidad pesquera o acuícola en una clara incongruencia con el ordenamiento ecológico del territorio nacional, sentenciaron.