Los tres órdenes de gobierno responsables de las irregularidades cometidas en el albergue de “La Gran Familia”, señaló el diputado Marcos Parra

Categoría: Senado
Escrito por Juan Manuel Millan Sanchez

Revisar las políticas públicas para evitar que en Guerrero se cometan actos similares, opinó

 

Chilpancingo, Guerrero, a 20 de julio de 2014.-Los tres órdenes de gobierno tienen la obligación de revisar sus políticas públicas, para evitar situaciones como las que ocurrieron en el albergue de “La Gran Familia”, en Zamora, Michoacán, señaló el diputado Marcos Efrén Parra Gómez.

Por un lado, Parra Gómez, dijo que las irregularidades cometidas en el albergue de “La Gran Familia” en Zamora, Michoacán, en donde fue detenida y hoy liberada  la señora Rosa Verduzco, conocida como “Mamá Rosa”, de 85 años de edad, por la supuesta privación ilegal de la libertad de más de 500 personas,“se trata de una responsabilidad de los tres órdenes de gobierno, y no sólo de un partido político sino de todos, pues el albergue fue creado hace más de 60 años”.

Señaló que el asunto implica una revisión de las políticas asistencialistas del DIF, en sus tres órdenes de gobierno; la responsabilidad de los servicios de Salud;  las instituciones encargadas de la atención de la violencia, manifestada en sus diferentes formas, ya que, agregó, cada uno de los internos arrastra una historia diferente a los motivos de su permanencia en el albergue.

El diputado panista dijo que en nada contribuye indagar sobre qué personajes han aportado recursos para apoyar a asociaciones civiles, como el de la Gran Familia, pues “van a salir nombres de políticos perredistas, panistas, priìstas, deportistas, periodistas, asociaciones de migrantes, actrices y todo tipo de personas interesadas en atender un problema social que no es exclusivo de Michoacán”.

En cambio, propuso revisar el marco jurídico de la constitución de asociaciones, la injerencia que tiene cada una de las instancias de gobierno en la normatividad de todos los albergues, ya sea de alcohólicos, ancianos o menores, que impida que en Guerrero se cometan irregularidades como las que se denuncian.

Consideró que la PGR, a solicitud del gobernador del estado de Michoacán, Salvador Jara, quien denunció la privación ilegal de la libertad, pudo haber incurrido en un exceso, al sitiar un albergue a cargo de una anciana de 85 años, con elementos de la PGR y del Ejército, al parecer, sin orden de aprehensión, como si se tratará de la delincuente más buscada.

En este sentido, dijo que el mandatario estatal, Salvador Jara,  también debe actuar con firmeza sobre supuestos delitos cometidos, que son de la competencia estatal.

Finalmente, Marcos Parraopinó que el asunto del albergue, también es el resultado de la disoluciónfamiliar, la falta de empleo, la pobreza, la corrupción, y otros factores motivados por la aplicación errónea de las políticas públicas, asuntos que no son exclusivos del estado de Michoacán.