La Columna de Ángel Irra Carceda
-Necesaria intervención del gobernador.
-Debe impedir las injusticias laborales.
-Legislan a favor de féminas y menores.
Mucho ojo debe poner el gobernador Héctor Astudillo Flores en los conflictos laborales que se denuncian con insistencia en diversas dependencias del gobierno del estado.
Con la entrada en vigor del Plan de Austeridad que anunció el propio mandatario estatal, vino el compromiso oficial de no despedir a trabajadores, congelar plazas y no contratar más personal, entre otras medidas tendientes a lograr un importante ahorro de recursos.
Cierto que se implementaron esas medidas debido a los recortes presupuestales que aplica la Federación y a los cuantiosos adeudos que dejaron los ex gobernadores Angel Aguirre Rivero y Rogelio Ortega Martínez a la actual administración que encabeza Héctor Astudillo.
Pero de ahí se han agarrado en otras esferas del Poder Público para no atender reclamos justificados de trabajadores.
Por ejemplo, en el Tribunal Superior de Justicia denuncian los trabajadores que hacen caso omiso a su demanda de una mejora salarial y de otras prestaciones.
Aseguran que el titular, el magistrado presidente, Robespierre Robles Hurtado, sostiene que no puede acceder a esas peticiones porque quien tendría que hacerlo es el gobernador Héctor Astudillo.
Y le recuerdan que el TSJ es un Poder (Judicial) autónomo al Ejecutivo. Que goza de autonomía para ejercer su propio presupuesto. Y en eso tienen razón.
Pero, además, acusan que al margen de cualquier medida de austeridad, se ha contratado personal de manera unilateral, por recomendaciones y la influencia de los magistrados.
Y en una dependencia del propio Ejecutivo del estado, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, también “truenan” sus chicharrones.
En esa dependencia, a cargo de Bernardo Ortega León, hay personal hasta con cuatro o más años de antigüedad laboral, y jamás las incorporaron a la nómina.
Por más que han solicitado ese beneficio (que sería más que justificado), sistemáticamente se lo han negado.
Pero, eso sí, nos informan que el titular de este Tribunal recientemente envió a la Secretaría de Finanzas y Administración del estado, una solicitud de plazas (al menos ocho, me aseguran).
Y que en esa lista no se incluye a quienes tendrían derecho a tener una plaza, por gozar de tantos años de antigüedad laboral.
Sostienen que entre las propuestas de Bernardo Ortega León ante la SEFINA, incluye a personas que ni por asomo suman los años de trabajo que otros u otras que han acumulado ahí.
Pues así las cosas. Si eso sucede en el Tribunal Superior de Justicia y en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, imagínense qué no sucederá en otras áreas de gobierno.
Por lo mismo, confiamos en que el mandatario estatal se allegue de información para no permitir injusticias.
Sobre todo en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, donde es inadmisible que se violen los derechos que el personal que labora ahí merece.
A OTRA COSA.-Bien que en el Congreso del Estado se impulsen iniciativas en beneficio de las féminas, y especial de las menores guerrerenses.
Aprobaron reformas a ordenamientos legales que servirán para proteger a las mujeres, niñas, niños y adolescentes, sobre todo a aquellos que sufren violencia intrafamiliar, y para avanzar en materia de igualdad de género.
Respecto a la Ley para Prevenir, Combatir y Eliminar la Discriminación, se pretende asegurar que mujeres, niños y sujetos pasivos tengan una vida libre de violencia, porque se prohíbe la conciliación o mediación entre las partes en conflicto por violencia familiar, obliga a dar protección en casos de violencia familiar y prevé la creación de refugios para la atención especializada a las víctimas. (Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.)