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*Exhorta el diputado de MC a la Conasami a fijar un sueldo que permita satisfacer las necesidades de la gente y la educación de sus hijos

*El actual es insuficiente para costear la canasta básica de mil 590 pesos

El diputado de Movimiento Ciudadano Arturo López Sugía presentó ante el Pleno del Congreso de Guerrero un exhorto a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos para que asegure uno que sea suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe o jefa de familia.

Esto tanto en el orden material, social y cultural, “y para proveer la educación obligatoria de sus dependientes económicos”.

En tribuna el legislador alertó que de acuerdo con reportes del Consejo Nacional de Población, 73 de los 81 municipios que conforman el Estado presentan niveles de marginación, donde el promedio de ingreso de los trabajadores guerrerenses es de 51.60 pesos.

Esta cantidad se encuentra muy por debajo del promedio nacional, que es de 79.55 pesos, y que es incluso inferior al Salario Mínimo General Vigente para este ejercicio fiscal es de 88.36 pesos diarios.

“En este punto es importante significar que si de por sí, con un ingreso similar al del salario mínimo general vigente es difícil cubrir el costo de la canasta básica, que para este año fluctúa entre los mil 590.40 pesos, para los guerrerenses resulta sumadamente complicado cubrir los costos de productos considerados indispensables para la despensa de un hogar, volviendo prácticamente imposible para un jefe o jefa de familia satisfacer las necesidades normales en el orden material, social y cultural; así como para proveer la educación obligatoria de sus dependientes económicos”, señaló.

López Sugía consideró que esto es motivo suficiente para sostener que el salario mínimo general vigente, “es inconstitucional, por contravenir las disposiciones establecidas en el artículo 123, apartado A, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

Comparó que en Francia, el país con el salario mínimo nacional probablemente más alto de Europa, en los últimos veinte años no se ha incrementado la desigualdad.

“Entretanto, en Alemania, sin salario mínimo, se ha observado una explosión de trabajadores con bajos salarios y un aumento de las desigualdades, en gran parte debido al derrumbe de la línea inferior de la distribución de ingresos”.

Finalmente dijo que es posible fijar un mayor salario mínimo  tomando en cuenta el caso de Brasil en el mandato de Luiz Inácio Lula da Silva, cuando los incrementos del valor real del salario mínimo “no sólo no provocaron la desaceleración económica, sino que puede decirse que la redistribución del ingreso que se produjo desde entonces contribuyó al dinamismo de la economía brasileña”.

Chilpancingo, Gro., 18 de septiembre de 2018.- El fiscal general del estado, Jorge Zuriel de los Santos Barrila, compareció este martes ante los diputados de la LXII Legislatura local, en cumplimiento al llamado que le hiciera esta Soberanía para aclarar la supuesta adquisición de una residencia en el puerto de Acapulco con valor superior a los 10 millones de pesos.

Los legisladores coincidieron en sus participaciones, en que este acto republicano marca la pauta para una etapa de transparencia y rendición de cuentas, y confiaron en que esta dinámica de llamar a los funcionarios públicos a comparecer ante el Pleno sea recurrente, en el afán de transparentar sus acciones tanto personales como del ejercicio profesional.

La primera en intervenir por el Grupo Parlamentario del PRD, fue la diputada Dimna Guadalupe Salgado Apátiga, quien aseguró que la nota periodística publicada a principios de septiembre efectivamente afecta de manera directa la credibilidad de la institución.

Dijo que es necesario desarraigar los actos de corrupción que tanto daño causan y que se debe contar con instituciones que verdaderamente sirvan a los ciudadanos por igual, sin distingos de partido, ideologías, razas, color o creencias.

El legislador Jorge Salgado Parra, del PRI, se pronunció por que la institución implemente programas anticorrupción, ya que, dijo, es importante contar con un control al interior de una institución pública, que minimice las probabilidades de que se materialicen acciones al margen de la Ley y del interés público.  

Por su parte, el legislador Arturo Martínez Núñez, de Morena, se refirió a la comparecencia como una nueva realidad democrática, donde el diálogo y el debate republicano serán la norma y cotidianeidad y una nueva era de pesos, contrapesos y equilibrios.

Refirió que en esta nueva etapa habrá austeridad republicana y cada centavo del dinero público habrá de ser asignado, utilizado y fiscalizado con extrema minuciosidad para evitar que se repitan viejas prácticas de corrupción, de compra de conciencias, de cooptación y de privilegios por encima de la ley.

Mientras que el diputado Bernardo Ortega Jiménez, del PRD, manifestó que los guerrerenses necesitan que los servidores públicos se ocupen de los problemas de inseguridad, la falta de desarrollo, establecer mejores mecanismos de asignación de recursos para los programas sociales y que se vigile que los funcionarios públicos ejerzan sus funciones bajo los principios de probidad, honradez y legalidad que marca nuestra Constitución Política federal y local.

En su oportunidad, el diputado Omar Jalil Flores Majul, del PRI, resaltó la importancia de estas comparecencias porque son un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas, que son valores intrínsecos de la democracia, y es así como se genera un contrapeso de la división de poderes.  

La diputada Mariana García Guillen, de Morena, se pronunció asimismo por sanear las instituciones encargadas de la impartición de justicia y cuestionó al fiscal sobre su relación con la empresa Castillo Trinidad y Asociados, dueña del inmueble que se le cuestiona como propio.  

Al dar lectura a un documento, en relación a los actos denunciados recientemente, sobre la adquisición de una residencia en Acapulco, el fiscal general del estado, Jorge Zuriel de los Santos Barrila, dijo a los legisladores que no ha adquirido bien inmueble alguno y que dicha propiedad es de Castillo Trinidad y Asociados, S.A de C.V.

Asimismo, informó sobre la documentación que es pública en la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado, delegación Acapulco, donde se acredita que no tiene relación legal con alguna con los hechos imputados.