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Chilpancingo, Gro.,  22 de mayo de 2017.- Para establecer que las víctimas de algún delito o que hayan sufrido violación a sus derechos humanos, reciban por parte de las autoridades estatales y municipales la atención especializada y oportuna, Comisiones Unidas de Justicia y de Derechos Humanos del Congreso local analizan adiciones a la Ley de Víctimas del Estado de Guerrero.

La iniciativa tiene como propósito adecuar la legislación local con la federal, para que de esta forma estén bajo el mismo mecanismo jurídico y no se contrapongan, y así las autoridades podrán actuar conforme a los criterios establecidos en la Ley General de Víctimas y brindar atención inmediata en materia de salud, educación y asistencia social a las personas afectadas.

De aprobarse la iniciativa de adición a dicha ley, se garantizará la atención oportuna de las víctimas para que reciban efectiva asistencia médica, psicoemocional, protección laboral, justicia, reparación integral, como lo estipula la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos.

También prevé garantizar que las políticas públicas que son implementadas con base en la presente Ley, tengan un enfoque transversal de género y diferencial, particularmente en atención a la infancia, los adultos mayores, la población indígena y las personas en situación de desplazamiento interno.

En el caso de la población indígena, incluye garantizar la asistencia de un defensor jurídico a la víctima del delito, y en caso de que ésta hable alguna lengua originaria, se deberá de proporcionar un abogado que hable su lengua, con el fin de evitar que se vulneren sus derechos humanos.

Chilpancingo, Gro., 19 de Mayo de 2017.- Diputados locales pidieron al Ejecutivo federal que instruya al titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo para que cumpla con la resolución del Tribunal Superior Agrario, que ordena pagar las indemnizaciones y retribuciones a los habitantes del Ejido de Zihuatanejo, contenidas en el decreto de expropiación publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de febrero de 1973.

Fue la diputada María del Carmen Cabrera Lagunas quien hizo la propuesta, luego de denunciar que desde hace 44 años se ha incumplido con el pago de indemnizaciones y retribuciones a los ejidatarios, derivadas de la afectación expropiatoria de una parte del Ejido de Zihuatanejo con fines de urbanización y desarrollo turístico. 

Dijo que con la expropiación, junto con las realizadas en la misma fecha a los ejidos de El Rincón y Agua de Correa del entonces municipio de José Azueta, se dio paso al desarrollo de Zihuatanejo como uno de los destinos turísticos más importantes de la entidad, y que hoy forma parte del llamado “Triángulo del Sol”.

Sin embargó, Cabrera Lagunas explicó que en la revisión de la documentación relativa al acto de expropiación y testimonios de ejidatarios, el Decreto de Expropiación de noviembre de 1972 señala que Banobras cubriría el importe de la indemnización correspondiente de la tierra, conforme a la Ley Federal de Reforma Agraria, consistente en dos lotes tipo urbanizados para cada uno de los ejidatarios afectados, más el 20 por ciento de las utilidades netas del fraccionamiento.

Refirió que a la fecha no se ha cumplido con el pago de las indemnizaciones a que hay lugar, por ello es un asunto que reclama un elemental sentido de justicia, ya que desde hace 44 años no se les ha cumplido a los ejidatarios.

En ese sentido, manifestó que no se puede ser omiso y dejar de reclamar la atención de las autoridades federales y estatales involucradas y exigir que ofrezcan una solución que corresponda a derecho, que ponga fin a la incertidumbre y el descontento de los ejidatarios, quienes legítimamente podrían emprender acciones públicas que afecten la imagen turística de Zihuatanejo.

Por lo anterior, propuso también exhortar el Ejecutivo estatal para que promueva una mesa de trabajo y negociación con los titulares de Banobras, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, los Fideicomisos Bahía de Zihuatanejo y Fondo Nacional de Fomento Ejidal; Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, las Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, de Turismo del Gobierno Federal y el Comisariado Ejidal del Ejido de Zihuatanejo, para que formulen las propuestas y acuerdos que permitan cumplir con el pago de las indemnizaciones y retribuciones a los ejidatarios.